La Generalitat está dispuesta a tensar al máximo la cuerda para que el Gobierno del PP apruebe una nueva ley Ferroviaria que le permita tener la competencia para elegir la compañía operadora de la red de Cercanías y regionales de Cataluña.
La Generalitat está dispuesta a tensar al máximo la cuerda para que el Gobierno del PP apruebe una nueva ley Ferroviaria que le permita tener la competencia para elegir la compañía operadora de la red de Cercanías y regionales de Cataluña. El anterior ejecutivo del PSOE ya había anunciado su intención de dar luz verde a un nuevo texto legal, pero debido al adelantamiento de las elecciones se quedó en el tintero.
Ahora el ejecutivo que preside Artur Mas considera que la ministra de Fomento, Ana Pastor, debe hacer un gesto y aprobar una ley que ?no supone ningún desembolso económico adicional? y que permitiría a la Generalitat exigir a Renfe una mejora inmediata de la calidad del servicio. Actualmente, el ejecutivo catalán es el titular de la red de cercanías, pero las vías siguen pertenecido a Adif y los trenes que operan son de Renfe.
Nuevo contrato
Ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, anunció que la Generalitat ha elaborado un nuevo contrato entre Renfe y la Generalitat para el periodo 2011-2015, pero que la administración catalana no lo firmará hasta que se apruebe la nueva ley Ferroviaria. Fuentes de Renfe confirmaron ayer a este diario que en la actual situación se prorroga el contrato vigente hasta el año pasado. ?De hecho, desde enero ya estamos operando bajo una segunda prórroga?, indicaron.
La única fuerza que tiene la Generalitat para forzar el cambio de la ley Ferroviaria es no pagar los 143 millones de euros que debe abonar a Renfe por prestar los servicios este año. Sin embargo, esa cantidad es a su vez transferida por el Gobierno central a la Generalitat, de forma que también podría dejar de ser transferida.
Ayer el consejero amenazó con prescindir de Renfe en 2016 o retirarle la concesión sobre algunas de las líneas que ahora opera.
