La Generalitat ya rechazó la oferta que MoorPark presentó por dos lotes de edificios que se pusieron a la venta en setiembre de 2011.
El Gobierno catalán ha aprobado este martes el plan de racionalización del patrimonio para poner a la venta finalmente sólo 19 edificios de la Generalitat de los 26 que tenía previsto, y trasladar al personal que actualmente ocupa oficinas en régimen de alquiler al resto de inmuebles de propiedad, una operación que permitirá ingresar 360 millones de euros y ahorrar entre 12 y 14 millones anuales en alquileres.
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, después de que la Generalitat rechazara la oferta que MoorPark presentara por dos lotes de edificios que se pusieron a la venta en setiembre de 2011 porque "las condiciones contractuales no se consideraron óptimas para la gestión de los recursos públicos".
La operación, que incluía dos lotes de inmuebles, debía cerrarse a finales de enero como plazo máximo, después de que el Consejo Ejecutivo aprobase una prórroga, ya que se trataba de una venta cuyos ingresos la Generalitat preveía para 2011, pero finalmente se declaró desierto.
Respecto a las condiciones de venta de los 19 edificios, el precio mínimo de salida de cada uno es el mismo que tenían cuando se agrupaban en dos lotes, pero no se plantearán alquileres máximos, y esta condición la podrán utilizar los licitadores para mejorar sus ofertas.
Las empresas que ofrezcan un alquiler más barato obtendrán más puntuación en la fase de adjudicación, y se acorta la durada del alquiler, que pasará de 25 a 20 años.
La Dirección General de Patrimonio iniciará un proceso de concurrencia pública para la licitación edificio por edificio, y cada operación tendrá su propio calendario siempre que sea entre abril y noviembre de 2012.
En relación a los siete edificios que ormaban parte de los lotes que se pusieron a la venta en una primera fase se reservarán para optimizar el espacio vacío disponible, lo que permitirá liberar 12.000 metros cuadrados de alquiler y ahorrar entre 5 y 7 millones de euros anuales.
A esta cifra hay que sumar los 7,5 millones que también se dejarán de pagar por el alquiler de la Consejería de Bienestar Social y Familia y de la Secretaria de Universidades.
