Un mínimo de 37.000 empleos directos e indirectos afectados, al menos 18.000 millones de euros de inversión paralizada y -aunque esto con un consumo eléctrico descendente sea menos problemático- en torno a 10.500 megavatios de nueva potencia renovable congelada.
Un mínimo de 37.000 empleos directos e indirectos afectados, al menos 18.000 millones de euros de inversión paralizada y -aunque esto con un consumo eléctrico descendente sea menos problemático- en torno a 10.500 megavatios de nueva potencia renovable congelada. Son los grandes números que elEconomista ha extraído de las consultas entre las principales comunidades autónomas sobre los efectos de la moratoria renovable decretada por el Gobierno central de manera indefinida. La inquietud entre patronales, industrias y los propios Gobiernos autonómicos, sean o no del mismo signo que el del Madrid, es grande.
Prueba de ello es la anunciada reunión del ministro de Industria, José Manuel Soria, con las comunidades gobernadas por el PP para el pasado 7 de febrero y que fue anulada. Aún no ha sido reconvocada.
Los efectos, en cualquier caso, van por barrios. Por importancia y peso específico dentro de las renovables (a cierre de 2011 había operativos 21.673 Mw en todo el país), han sido las patronales eólicas y los Gobiernos de las zonas donde más presencia tiene esta fuente renovable quienes han alzado la voz de forma contundente. Destaca Galicia, donde administración y sector discrepan sobre el impacto de la moratoria. Así, desde la Xunta consideran que la mayor eficiencia de los parques eólicos de la comunidad, con una media superior a las 2.600 horas al año a pleno rendimiento, un 15 por ciento superior al promedio nacional, es garantía de su viabilidad y de la continuidad del plan eólico.
Por ello, el Gobierno de Núñez Feijoo le transmitió al Ministerio de Industria las alternativas centradas en esta rentabilidad y en asegurar la continuidad del concurso eólico, que adjudicó más de 2.300 megavatios. La Xunta quiere defender al sector de la mano de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), aunque un portavoz de este colectivo se mostró mucho más pesimista sobre el futuro. Así, espera que la Administración clarifique el panorama, pero teme que las consecuencias para el sector serán traumáticas e irreversibles. Para evitarlo, pide disponer de un nuevo marco retributivo en un plazo máximo de seis meses.
Beligerancia andaluza
La EGA recuerda que, con el concurso adjudicado, los promotores aseguraron inversiones por 5.953 millones de euros y planes industriales asociados que supondrían 3.163 nuevos empleos.
Más beligerante se ha mostrado el Gobierno socialista andaluz, en plena precampaña ante las elecciones del 25-M, que ha acusado al ejecutivo de Mariano Rajoy de renunciar a las renovables, favorecer a "ciertos sectores tradicionales", difuminar las expectativas de este sector y crear "inseguridad jurídica". Así se expresó el consejero de Economía, Antonio Ávila, tras dar a conocer la priorización de potencia eólica por 1.200 Mw justo un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la moratoria.
La patronal renovable andaluza Aprean también ha calificado la moratoria de "error histórico" y ha recordado que, sólo en eólica, hay 1.650 Mw afectados y peligran 6.000 de los 10.000 empleos directos e indirectos asociados a las renovables en esta comunidad.
Muy combativo con Soria se ha mostrado también el Gobierno de Canarias, su tierra natal, controlado por nacionalistas y socialistas. El vicepresidente socialista José Miguel Pérez califica la retirada de las primas como "una involución" y añade que sólo en lo que a energía eólica se refiere "estamos hablando de más de 600millones de euros de inversión". "Peligran 5.000 empleos en las islas, 2.500 de ellos en energía eólica" como consecuencia del cierre de empresas, añade. Hasta ahora, en cualquier caso, nunca antes se había achacado a la industria del viento tanto empleo.
Otro concurso eólico que ha quedado paralizado pocas semanas después de adjudicarse fue el de Extremadura, por casi mil megavatios. Se da en este caso el agravante para esta región de que no hay aún ningún parque en funcionamiento por la paralización judicial del anterior proceso de adjudicación por otros 700 Mw. El PP extremeño ha rechazado la moratoria y el presidente regional, José Antonio Monago, ha pedido al Gobierno central excepciones para la biomasa y un régimen especial para su comunidad en el resto de renovables por su situación económica.
Mayor agilidad
En el mismo limbo queda el concurso eólico catalán. La patronal autonómica Eolicat asegura que en Cataluña peligran inversiones por valor de 2.745 millones si no se aclara pronto la subvención a los nuevos proyectos, ya que el sector ve inviable construir nuevos parques si no hay primas. En total hay 2.031 Mw paralizados, de los que 768 proceden del citado concurso.
Esta patronal demanda al ministro conocer rápido el nuevo marco de primas. "Un retraso de seis meses sería un mal escenario, pero si se aplaza durante más tiempo, la situación sería catastrófica", afirma el nuevo presidente de Eolicat, Miquel Cabré quien pide que la suspensión temporal de las primas sea la "mínima imprescindible".
Desde el sector empresarial valenciano se ha enfocado la moratoria con espíritu constructivo. La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) que agrupa a 200 empresas, afirma que el decreto provocará la pérdida de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el cierre de unas 240 empresas en la Comunidad Valenciana. Avaesen reclama que se establezca un régimen transitorio en la aplicación del real decreto que permita desarrollar aquellos proyectos de biomasa, cogeneración y eólicos que se encuentran en curso y que se respeten los planes autonómicos de desarrollo. Lo han pedido por escrito tras reunirse con el director general de Energía de la Generalitat, Antonio Cejalvo, para que asuma sus reivindicaciones y las plantee ante el Gobierno.
Ante ello, la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) de la Generalitat minimiza los efectos del decreto por su "carácter temporal" y "no retroactivo", pero recoge algunas de las peticiones del sector y va a pedir a Industria un tratamiento retributivo especial para las instalaciones de biomasa/biogás y de cogeneración como las que se han venido realizando en la Comunidad Valenciana en los últimos años.
En País Vasco, sin embargo, la actividad de promoción de instalaciones es mucho menor, pero el efecto sobre el potente sector industrial que surte a las instalaciones de toda España -Sener, Ingeteam, Gamesa, entre otras- será importante pese a la internacionalización enraizada en los modelos de negocio de ese tejido productivo. El Gobierno vasco está hablando directamente con Soria para calibrar el impacto y alcance de la congelación.
En Castilla y León, que en 2011 acaparó el 44 por ciento de toda la potencia eólica instalada en España, llueve sobre mojado. La moratoria se suma a la imposición de un impuesto medioambiental regional que puede reducir los ingresos en 30 millones anuales. La patronal española de biomasa Avebiom lamenta además que se pare la amplia apuesta de esta región por impulsar la biomasa: 11 de los 12 proyectos en marcha, que preveían 400 millones de inversión, han quedado varados.
