El dueño de las academias de inglés Brighton acepta tres años de cárcel

Alfredo I., el dueño de las academias de inglés Brighton, que quebraron en el año 2002 dejando en la calle a miles de alumnos, ha aceptado una condena de tres años de prisión en el juicio que se ha celebrado contra él en la Audiencia de Barcelona, tras un década de accidentada instrucción.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona estaba previsto hoy el juicio contra Alfredo I., para quien la Fiscalía pedía inicialmente ocho años de prisión, más una multa de 14.400 euros, por un delito de insolvencia punible y otro de estafa continuada.

El ministerio público, no obstante, ha retirado la acusación por el delito de insolvencia punible y ha dejado en tres años la pena por estafa después de que el propietario de las academias accediera a conformarse con esa rebaja de condena.

El acuerdo, que ha evitado la celebración de un juicio que iba a prolongarse durante semanas, incluye también a cuatro de las cinco entidades bancarias a las que la Fiscalía también acusaba como responsables civiles, por haber seguido cobrando a los alumnos que habían suscrito préstamos con ellas para pagar los cursos de inglés.

Sólo el Banco Pastor se ha negado a aceptar el pacto con el ministerio público, que ha retirado su acusación contra las demás entidades bancarias al haber consignado el dinero que se les reclamaba en el proceso penal.

También se ha conformado con el acuerdo la empresa Accés Language, propietaria de las academias Brighton de las que el acusado era único administrador, según ha explicado el letrado que las representaba, Jordi Busquets.

El acusado ha aceptado ante el tribunal los hechos que le imputaba la Fiscalía por la quiebra de las academias de idiomas, que creó en abril de 1999 con la apertura de varios centros en Barcelona y las poblaciones barcelonesas de Badalona, Martorell y Sabadell.

Según los hechos incluidos en el escrito de calificación fiscal, y que han sido aceptados por el procesado, en el año 2001, debido a la "crisis generalizada" del sector y a la política expansionista del negocio, el acusado se encontró con varios problemas económicos que le llevaron a incumplir el pago de la renta de los locales arrendados.

Para el fiscal, esa política expansionista se debió en parte a la publicidad agresiva del producto como una "nueva política empresarial" que consistió en exigir a los alumnos el pago anticipado del curso contratado, permitiéndoles su financiación mediante un crédito a medio plazo con entidades bancarias que previamente habían concertado su concesión con el acusado.

En el año 2001, las deudas a corto plazo de la sociedad eran de 1,1 millones de euros, que afrontaba sin capacidad para devolverlas, por lo que su situación era de "quiebra técnica", debido a la falta de activo e ingresos suficientes para hacer frente al pago exigible.

No obstante, según el fiscal, el acusado, faltando a sus deberes y a sabiendas de su situación de insolvencia, "que había ocultado con evidente ánimo de lucro", siguió ofertando cursos, incluso de quince idiomas distintos, con rebajas importantes de precios y contratando verbalmente a nuevos profesores.

En 2002, las pérdidas de la sociedad ascendieron a 57.064 euros y sus deudas a 1,5 millones, con un total de alumnos matriculados de 3.783.

Según el fiscal, el 29 de octubre de 2002, el acusado, que "seguía ofertando sus cursos y admitiendo matrículas de alumnos hasta el día anterior", presentó en los juzgados una solicitud de quiebra voluntaria, sin informar a los trabajadores ni a los alumnos de las academias.

El caso por las academias de inglés Brighton llegó a juicio en el año 2008, pero un olvido judicial obligó a devolverlo a instrucción porque casi 1.400 perjudicados se habían quedado fuera de proceso.

El fiscal argumentó que no incluyó en su calificación a esos afectados porque se fió de un listado que le facilitó el juzgado de instrucción número 25 en el que sólo constaban un millar de alumnos.

Aunque en la sala de vista el procesado ha aceptado la integridad de hechos que le imputaba a la Fiscalía, en un comunicado remitido a los medios ha asegurado que en ningún momento "actuó con mala fe, ni con ánimo de lucrarse" y además invirtió "hasta el último momento" su patrimonio personal para poder continuar con la actividad de la empresa.

El procesado alega en el comunicado que encargó a una empresa informática un programa de gestión integral para administrar su crecimiento, aunque se lo entregaron tarde, y con un mal funcionamiento, lo que le impidió detectar que un 46 % de alumnos ya habían abonado la matrícula, pero no el resto del curso, y pese a ello seguían recibiendo clases de idiomas y ocupando una plaza que no pagaban.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky