Las pequeñas y medianas empresas españolas reclaman al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy mano dura contra las empresas morosas. El secretario general de la patronal Pimec y portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, está convencido de que "hasta que se apruebe el reglamento sancionador de la ley de Morosidad no solventaremos el principal cáncer de la economía española".
Cañete participa hoy como conferenciante en el foro Cornelllà Creació, que cuenta con el patrocinio de elEconomista, donde desglosará la situación de la morosidad en España y enumerará las peticiones que las pymes realizan al nuevo Ejecutivo del PP.
En una entrevista con este diario, Cañete considera que la morosidad "era un cáncer que ya existía en la época de bonanza que hemos vivido y que, con la crisis, ha hecho metástasis y se ha extendido a todas la empresas". Sin embargo, reconoce que la última modificación de la Ley de Morosidad de 2010 ha fijado un marco adecuado para "empezar a curar la enfermedad". En su opinión, "la derogación del acuerdo entre las partes que permitía la ley de 2004 es la mejor noticia, ya que ahora las empresas saben que pagar a 300 días es ilegal y eso es un cambio muy importante".
También advierte que algunos grupos de presión empresariales (como el de la construcción Seopan) han hecho gestiones para que el acuerdo de pago entre las partes vuelva a entrar en vigor. "En realidad no es un acuerdo entre las partes, sino un chantaje a la empresa pequeña, que si no admite las condiciones de la empresa grande no puede venderle", afirma, "por lo que es muy importante que la legislación se mantenga".
Lo que lamenta es que no se haya desarrollado el reglamento sancionador para quienes incumplen la ley, porque "en realidad es como ir a 180 kilómetros por la autopista y que te digan que está prohibido y no recibas ninguna multa".
Cañete destaca como positivo que las grandes empresas cotizadas tengan que dar cuentas a los auditores y al registro mercantil de los plazos de pago de sus facturas, porque de esta forma van a tener que cumplir con la ley.
Mejora el sector privado
La reforma favorable que ha provocado la ley de Morosidad es cuantificable. Desde que entró en vigor, los plazos de pago en el mundo empresarial se han reducido de 99 a 93 días y es muy probable que este año se alcancen los 85 días. Cañete explica que "es un hecho uy importante, porque en Pimec hemos calculado que pasar de 98 días de media de pago a 60 días sería equivalente a inyectar al sistema empresarial 1.100 millones de euros".
Donde las cosas van por el camino contrario es en el sector público. Los pagos de la administración han pasado de 143 días de plazo a 147 días. "Es una media injusta porque hay administraciones que pagan muy bien y otras como Andalucía o la Comunidad Valenciana lo hacen a 300 y 400 días".
CEOE amenaza con cierres masivos de pymes