Durante prácticamente 15 años el crecimiento en nuestro país se ha basado en buena medida en una elevada disponibilidad de recursos por parte de las Administraciones Públicas.
Unos ingresos fiscales derivados en parte de la actividad inmobiliaria, que en el auge del boom prácticamente habían doblado su peso dentro del capítulo de ingresos de los entes locales, así como de los fondos provenientes de la Unión Europea en concepto de Desarrollo Regional y Cohesión, de los que España ha disfrutado durante más de 25 años.
Estos ingresos coyunturales -que muchos consideraron estructurales, asumiendo gastos corrientes contra ingresos no corrientes- se han reducido bruscamente por el efecto de la caída del sector inmobiliario y por la práctica desaparición de los fondos europeos, al haber alcanzado España su convergencia con la media de los países de la Unión.
En un contexto pues de presión sobre la disponibilidad de los recursos públicos, nos enfrentamos al reto de hacer sostenible y perdurable un nivel de prestaciones públicas que van desde la atención a la educación y el sistema de salud, a las políticas de desempleo y a la inmigración -que en el caso de España ha supuesto un incremento de población del 12 por ciento en los últimos 9 años- y, todo ello, contra unos ingresos que ya no llegan a las arcas públicas.
En sólo un par de años, España, que partía de un nivel de deuda pública de apenas un 40 por ciento de su PIB -gracias a un envidiable superávit del 2,2 por ciento a final de 2007- ha alcanzado unos niveles que se sitúan ya en el 65 por ciento, mientras que el déficit público creció hasta un 11,2 por ciento de su PIB. Con todo, el nivel de endeudamiento no sería una cifra preocupante -de hecho está en torno a la media europea- si no fuera por los, todavía, elevados niveles de deuda privada- particulares y empresas.
En este entorno se hace necesario explorar, sin prejuicios y desde la confianza mutua entre los sectores público y privado, vías de colaboración en la financiación y en la gestión que permitan atender, desde los presupuestos públicos, las necesidades prioritarias en los ámbitos del desempleo, de la salud, la dependencia, la educación o la inmigración, sin cuestionar, más allá de lo razonable, la continuidad de las inversiones en servicios e infraestructuras que son determinantes para la sostenibilidad, la competitividad y el impulso a corto y medio plazo de la economía.
Para que ello sea posible, la Administración debe ver en el sector privado un compañero de viaje para el desarrollo de unas políticas públicas que demandan la aplicación de unos recursos, hoy más que nunca, limitados.
Compatibilizar la demanda de infra- estructuras con la limitación de recursos públicos es posible: debemos reconocer el papel que juega el sector público en los procesos de planificación -que deben trascender el ciclo corto de la política y los presupuestos; en los esquemas de financiación y, en su caso, de tarificación; y en la regulación y el control de la competencia en sectores con empresas que gestionan redes y, por lo tanto, cercanas al concepto de los monopolios naturales.
Y debemos reconocer el papel que puede jugar el sector privado en la financiación, ejecución y explotación y gestión. Un rol que no se debería contemplar desde un oportunismo financiero que persigue una monetización más o menos rápida de determinados activos, ante una coyuntura negativa, sino desde la confianza mutua entre lo público y lo privado.
Sólo desde la certeza por parte de la Administración de que el recurso a la iniciativa privada no es una opción última en la que recurrimos cuando ya no tenemos alternativa (a la desesperada), podremos construir una relación sostenible y no coyuntural.
En España contamos con una tradición histórica de modelos de colaboración público-privada. La sanidad o la educación con los conciertos entre las Administraciones y las instituciones privadas son un claro ejemplo de ello. Durante años, el mutualismo fue un ejemplo de cómo desde el sector no público se puede contribuir a generar un beneficio que sí que es público y que impulsa una actividad económica socialmente eficiente.
Y esta tradición se extiende también al ámbito de las infraestructuras, con excelentes resultados, por ejemplo, en las concesiones administrativas de autopistas. Es pues momento de aprovechar esta experiencia y afrontar así la ineludible corrección del déficit, sin renunciar al mismo tiempo a políticas de impulso de la economía. Apuntaré sólo un ejemplo de lo que, desde el ámbito de las infraestructuras, puede hacerse ahora en este campo.
Se refiere a la implantación de la Directiva Eurovignette, que Francia y varios países de la UE tendrán ya en marcha entre 2012 y 2013. Aplicada en nuestro país aportaría recursos para no diferir inversiones hoy amenazadas por un retraso indefinido; mantener la red viaria existente; y facilitar la reducción del déficit con una actuación más equitativa, y socialmente más aceptable, que otras medidas de austeridad presupuestaria.
A la implantación de la euroviñeta podría sumarse la concesión de determinados corredores viarios de la red principal del Estado, captando recursos a corto y liberando gasto recurrente en mantenimiento. Una y otra medidas nos permitirían avanzar hacia un modelo homogéneo y coherente de pago por uso en los corredores viarios de gran capacidad, como ya es el caso en los países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Italia, Alemania, Austria, Holanda, etc.).
Ciertamente la colaboración público-privada no va a resolver por sí sola la crisis actual, pero es indudable que existen todavía algunas inversiones en infraestructuras de elevada rentabilidad socioeconómica que hay que abordar. Y la participación financiera y de conocimientos sobre construcción y explotación (particularmente importantes en España) puede ayudar a desarrollarlas de la manera más eficaz y eficiente.
