Hasta ahora el que más y el que menos sabía que la justicia era lenta, pero, en Cataluña, además de lenta se ha convertido en inoportuna. De repente, los ciudadanos catalanes han visto cómo, gracias a una sentencia, los partidos políticos han dejado a un lado la crisis económica y están centrando todos sus esfuerzos en un debate sobre la lengua que amenaza con monopolizar la campaña de las elecciones del próximo 20 de noviembre.
Ante la polémica, los políticos se frotan las manos y los ciudadanos se las llevan a la cabeza. Hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pronunciaba sobre la petición de tres familias castellanohablantes residentes en Cataluña que pretendían que sus hijos fueran educados con el castellano como lengua vehicular en vez del catalán, tal y como rige en el modelo educativo único implantado por la Generalitat. Los magistrados del máximo órgano de la justicia en Cataluña daban la razón a las familias, ya que consideran que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo estatuto catalán, los castellanohablantes tienen derecho a ser educados en su lengua materna.
Sin embargo, el fallo iba un poco más lejos y reclamaba a la Generalitat la introducción del castellano como lengua vehicular dentro del sistema educativo catalán en el plazo de dos meses. Esa parte de la sentencia pone en jaque el sistema de inmersión lingüística que durante los últimos 30 años se ha aplicado en Cataluña. La Generalitat anunció un recurso contra el fallo del T S J C y el propio presidente del tribunal, Miguel Ángel Gimeno, admitió que en el análisis del recurso será donde se aclare la sentencia.
Sin embargo, la mecha estaba encendida y todos los partidos políticos se han agarrado a una polémica que les ha venido de perlas para posicionarse de cara a las elecciones del próximo 20 de noviembre dejando a un lado los temas económicos que requieren una alta dosis de consenso y trabajo en común. Cataluña, claveenel20N Según todos los expertos políticos, el resultado electoral catalán será clave en la formación del Gobierno de España. En los últimos comicios, el PSC logró 25 diputados que fueron el puntal para que Zapatero repitiera su Presidencia.
Sin embargo, la debacle socialista en los últimos comicios autonómicos hace presagiar que los socialistas no repetirán como primera fuerza en las generales, tal y como ha ocurrido durante 30 años de democracia. Ci U aspira a arrebatarles ese privilegio, lo que les daría más fuerza en el Congreso y podría impedir un Gobierno de mayoría absoluta del PP en Madrid. Por su parte, los populares, encabezados por Alicia Sánchez Camacho, aspiran a cosechar mucho del voto socialista descontento y que no se siente nacionalista.
Un buen resultado en Cataluña podría garantizarle a Mariano Rajoy la mayoría absoluta. El PP ha visto en la sentencia sobre el catalán su oportunidad de arrastrar a sus redes a los catalanes descendientes de castellano parlantes (algunas fuentes hablan del 55 por ciento de la población). Por eso, Sánchez Camacho le reclama a Artur Mas el cumplimento inmediato de la sentencia. Por su parte, una vez superada la sorpresa inicial, Mas y Ci U se han enrollado en la bandera catalana, se han convertido en insumisos de la justicia (por el momento sólo de palabra) y se han trasformado en el adalid del catalán para todos aquellos nacionalistas que les votan y los que no les han votado todavía.
Los convergentes saben que si gestionan bien la polémica, les hará ganar votos, ya que una parte mayoritaria de esa población que desciende de castellano parlantes está de acuerdo con el sistema educativo de inmersión lingüística en catalán. Finalmente, el PSC de José Montilla y Carme Chacón nada entre dos aguas. Está de acuerdo con el sistema de inmersión lingüística, pero defiende la necesidad de una tercer hora de castellano a la semana, lo que les mantiene enfrentados en los tribunales con el Gobierno de Ci U.
Los socialistas ven en su posición la virtud y, para restar votos a Convergència, día sí y día también recuerdan que Artur Mas ha aprobado los Presupuestos catalanes (y en consecuencia gobierna) gracias a su alianza con un partido ( el PP) que está atacando la principal señal de identidad de Cataluña: su lengua. La?tozuda?realidadeconómica Más allá del debate político, la inoportunidad de la sentencia del TSJC también se da desde el punto de vista económico. Hoy empieza en Cataluña un curso escolar con 21.000 alumnos más que el año anterior (1.
280.232 en total) y con el mismo número de profesores (67.054) que deberán dar una hora más de clases a la semana para cubrir las necesidades mínimas. En los Presupuestos, la partida de Educación ha sido recortada en un 7,4 por ciento. ¿ Es viable entonces aplicar la sentencia judicial sobre la lengua castellana en un plazo de dos meses? Evidentemente, es materialmente imposible y no será necesario gracias al recurso judicial que planteará la Generalitat, pero la amenaza está ahí. Si el sistema educativo catalán se desdobla en castellano y en catalán serían necesarios muchos más recursos, alegan los nacionalistas.
Por su parte, los populares aseguran que con la misma plantilla y los mismos recursos podría aplicarse un sistema trilingüe, ya que se trata de dar un 40 por ciento de clases en catalán, un 40 en castellano y un 20 en inglés. Aunque inoportuna, la sentencia del T S J Cobliga a garantizar los derechos de unos ciudadanos y eso la Administración no lo puede obviar.
