La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera que los cambios realizados en una de las cinco leyes derivadas del proyecto de Ley Ómnibus impulsada por la Generalitat es "todavía más restrictiva con la implantación de nuevos establecimientos comerciales".
El informe se ha hecho público este mes de agosto y critica el "Anteproyecto de Ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica", por las limitaciones que impone a la apertura de nuevos centros comerciales.
A pesar de que la ley fue presentada por el departamento de Empresa y Ocupación como un paquete de medidas para impulsar y agilizar el crecimiento económico, la ACCO valora que "las propuestas en el Anteproyecto de Ley de simplificación no son modificaciones especialmente significativas para la competencia".
La nueva norma, que se está tramitando en el Parlament y que se quiere aprobar a finales de año, "no cambia los aspectos de base, sobre los que se sustenta el sistema de ordenación de los equipamientos comerciales en Cataluña, que son los causantes de su carácter injustificadamente restrictivo", lamenta este organismo regulador independiente, equivalente en Cataluña a la Comisión de Defensa de la Competencia.
La ACCO critica la nueva norma por "eliminar las excepciones de los artículos 9.3 b) y 9.4 que permiten a los operadores implantar fuera de las tramas urbanas consolidadas (TUC) de los municipios establecimientos comerciales medianos, grandes y grandes territoriales, si cumplen las condiciones establecidas".
"La consecuencia será reducir las posibilidades de implantación de estos establecimientos en Cataluña, lo cual supondrá que el criterio general de implantación dentro de la TUC del municipio tendrá un carácter todavía más restrictivo", asegura el informe.
La ACCO pone de manifiesto que esta modificación se lleva a cabo mediante una técnica legislativa diferente de la utilizada, en general, en el Anteproyecto de Ley de simplificación y, en particular, en la modificación del Decreto Ley 1/2009, por lo que, a su juicio, "esta supresión sea más difícil de detectar y, por lo tanto, de interpretar sus efectos".
Este organismo regulador reitera la recomendación de "suprimir el criterio poblacional como condición de la posible implantación de un establecimiento comercial, pues considera que cualquier municipio, con independencia de su población, debe poder recibir la implantación de establecimientos comerciales de cualquier medida, respetando el planeamiento urbanístico".
Con la normativa vigente, sólo pueden ubicarse nuevas grandes superficies en los municipios que son capitales de comarca o que tienen una población superior a los 25.000 habitantes
La política de grandes superficies comerciales en Cataluña siempre ha sido, desde la época de Jordi Pujol, muy restrictiva, de manera que Cataluña siempre ha sido la autonomía con menor número de complejos y sus sucesivas administraciones han estado enfrentada de manera más o menos velada, según la época, con la ANGED, la patronal de grandes centros comerciales.
"En definitiva, la ACCO considera que, para cumplir con los principios de una buena regulación desde el punto de vista de la competencia, se deberían revisar todos aquellos aspectos del Decreto Ley 1/2009 que se han puesto de manifiesto en este informe como injustificadamente restrictivos de la competencia".
En algunos puntos menores, el informe de la ACCO valora de manera positiva el proyecto de ley, como las mayores facilidades para realizar ampliaciones o cambios de uso.
En marzo de este año el Tribunal de Justicia de la UE ya declaró ilegales las restricciones a las grandes superficies aprobadas por el tripartito.
