La operación de Artur Mas para reducir el déficit de la Generalitat entra en un nuevo estadio. Eso implica que el presidente de la Generalitat no va a desistir, sino que va a seguir haciendo uso de la tijera en todos los ámbitos, incluido el sanitario, para devolver cierta estabilidad a las finanzas públicas catalanas.
El endeudamiento heredado de los desfases de los gobiernos tripartitos y las dificultades para financiarse en el mercado obligan a llevar hasta la última expresión lo que él mismo ha llamado el plan Triple A: Adelgazamiento, agilidad y austeridad para su mandato. Dentro de este contexto, se ampliarán los expedientes de regulación de empleo en las empresas dependientes de la Generalitat.
La obsesión de Mas va a continuar siendo aligerar la estructura de los organismos públicos en esta segunda fase de ajuste. El balance de sus primeros seis meses de gestión se ha traducido en la reducción de consejerías (que han pasado de 15 a 12), o la eliminación de un 23 por ciento de altos cargos y personal eventual.
Racionalizar la estructura
Hasta final de año se procederá a eliminar un mínimo de 64 entidades de un total de 275. Algunas de ellas se fusionarán con otros organismos o las funciones de otras pasarán a ser absorbidas por entes de mayor tamaño. Así, quedarán en el olvido sociedades como ICF Equipamientos y el Instituto Catalán del Crédito Agrario, que será absorbida por el Instituto Catalán de Finanzas, o la entidad Administración, Promoción y Gestión (Adigsa), cuyas tareas las gestionará la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Desde la propia Generalitat, no obstante, se da por sentado que la cifra de organismos que desaparecerán antes de fin de año irá a más. En los próximos meses también se pondrán bajo la lupa los centros de investigación y organismos que dependan de las consejerías de Te- rritorio y Salud.
A principios de otoño se reducirá la estructura de los consejos de gobierno de la Corporación de Medios Audiovisuales, es decir, TV3 y Catalunya Radio y del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), cuya función es determinar si los contenidos emitidos en televisión son o no ofensivos para los telespectadores. Todos los consejos están formados por miembros afines a partidos políticos. El de TV3 tiene 12 miembros y el del CAC 10. La idea de Mas es que estos consejos tengan cinco miembros. El líder de CiU también contempla fusionar las figuras de presidente y director general de la Corporación para "evitar acumulación de cargos". Por el momento la plantilla de la Corporación está garantizada hasta 2013 y sólo se prevén ajustes en los cargos intermedios. Los trabajadores han aceptado bajarse el sueldo un 5 por ciento para garantizar el empleo.
No ha hecho mella en el presidente catalán la fuerte oposición que las medidas de ahorro que se están aplicando en hospitales y ambulatorios (como dejar de operar por las tardes) están generando entre los ciudadanos. Este verano es el ensayo de lo que se prevé un otoño caliente y un 2012 austero.
En los ocho hospitales de referencia que gestiona la comunidad a través del Instituto Catalán de la Salud (ICS) se está realizado un cierre progresivo de camas, que alcanzará este agosto un 25 por ciento del total, algo más de 1.000 plazas sobre 4.025 (entre ellos están afectados los hospitales de Vall d´Hebrón de Barcelona o Bellvitge). Una clausura que se extenderá al menos hasta octubre.
La contención en el gasto y la paralización de proyectos de obra pública se ha cobrado el primero de los expediente de regulación de empleo de una empresa dependiente de la Generalitat, Gisa. Esta compañía, que gestiona la adjudicación de sus obras, quiere despedir a 70 personas, un 30 por ciento del total. También pasarán por este mal trago los trabajadores de la Agencia Catalana para del Desarrollo, con unos 50 despidos. También están en el punto de mira los trabajadores del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) o la Agencia Catalana del Agua (ACA). Los sindicatos temen que puedan llegar a perderse en un futuro más de 1.000 empleos.
Control sobre las ayudas
El Ejecutivo de Artur Mas también va a someter a estricto control la concesión de ciertas ayudas, como la renta mínima de inserción, conocida como PIRMI, que ofrece la Generalitat a las familias sin recursos. El gobierno catalán justifica que se han detectado casos en los que los ciudadanos que percibían las ayudas vivían fuera de Cataluña o que se pagaban subsidios a gente que no reunía los requisitos, por lo que endurecerá las condiciones de acceso a la ayuda.
Pese al momento de impasse que vive el mercado inmobiliario en las grandes ciudades españolas, la Generalitat ha abierto otro frente para intentar recaudar fondos a través de la venta de sus edificios. En el último trimestre del año se podrá vislumbrar esta operación con la que pretenden ingresar 550 millones. La Generalitat, que seguirá ocupando los inmuebles en alquiler, se desprenderá de 36 activos.
El primer lote está formado por 27 edificios de oficinas en el centro de Barcelona, entre ellos las sedes de las consejerías valoradas en 450 millones. El segundo lote está compuesto por nueve locales, una nave y la sede de la consejería de Territorio, por 97 millones más.
