El Gobierno de Cantabria quiere, por contra, revocar la licitación de la región
madrid. Se recrudece la polémica de los concursos eólicos en las comunidades autonómas. El último paso lo ha dado la Generalitat de Cataluña en un intento de que esta adjudicación no caiga en saco roto, por lo que ha recurrido la suspensión cautelar del mismo ya que están en juego más de 3.000 millones de euros de inversión.
Las compañías que habían sido adjudicatarias en este concurso, como Fersa o Gas Natural Fenosa, ven un alivio en este movimiento que ha hecho el Ejecutivo autonómico y consideran que es poco problable que haya una revocación del concurso.
La razón que esgrimen estos grupos es que la suspensión cautelar, a petición de dos organizaciones ecologistas del Ampordá, carece de fundamento. La última palabra sigue en manos, no obstante, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya está examinando el recurso del Gobierno que preside Artur Mas.
Para el Gobierno autonómico las zonas en las que se licitó el concurso son válidas, en tanto que ya existían en el mapa eólico creado en el 2002 y no fueron creadas ad hoc como denunciaban las organizaciones. En concreto, el proceso adjudicó instalaciones a las alianzas formadas por Gas Natural-Alstom Wind; Fersa-Aventalia, Comsa Emte-Gamesa y FCC-Ros Roca.
La Generalitat entiende que el desarrollo del concurso es esencial para cumplir con los objetivos de potencia eólica marcados por el Ejecutivo. En este concurso, están en juego 769 megavatios y el resultado del mismo se hizo público el pasado mes de octubre, en los últimos días de Gobierno en coalición del PSOE-ERC.
Las posibles modificaciones en los concursos también se extienden en Cantrabria, que se ha saldado con un centener de alegaciones en contra de la resolución. Este concurso fue uno de los puntos estrella en la campaña electoral para las elecciones y desde el Gobierno se enfocó como un elemento clave de modernización de la región a través de las energías limpias.
Ahora, el nuevo Gobierno de Cantabria quiere anular esta adjudicación porque la considera "una chapuza jurídica en la que se percibe un fraude de ley". Algunas empresas como Gamesa o Gas Natural se congratularon por estas declaraciones del nuevo presidente del gobierno autonómico.
