Siete de los exconsejeros de Caja España investigados por la supuesta comisión de un delito de administración desleal se han acogido hoy a su derecho a no declarar durante su comparecencia en el juzgado número 5 de León, que instruye la causa.
Ocho de los catorce exconsejeros de Caja España investigados en esta causa estaban citados hoy como investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, informa Efe.
Los primeros en abandonar la sede judicial tras declinar declarar han sido Miguel Ángel Álvarez, que representó a UGT en el consejo de la extinta Caja España, y Javier García-Prieto, actual concejal del PP en el Ayuntamiento de León, informa Ep.
En declaraciones a los periodistas, Álvarez ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar "dadas las circunstancias y el punto en el que se encuentra el proceso".
"Las circunstancias que me han llevado a no declarar ahora y aquí son que hay un auto de sobreseimiento pendiente de decidir y también que uno de los implicados puede estar afectado por un aforamiento y que puede modificar un poco qué pasa, cómo pasa y dónde pasa", ha explicado el dirigente sindical.
En el caso del supuesto implicado aforado se refería al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que es diputado y deberá prestar declaración en el Supremo.
Por su parte, García-Prieto, que también se ha acogido a su derecho a no declarar, ha explicado que respeta los informes de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, pero ha afirmado que en su caso concreto actuó siempre "de acuerdo a la más estricta legalidad".
"Sentimos es ese momento que era prudente y nada temerario seguir los dictámenes técnicos que eran los que proponían las operaciones y obramos en consecuencia siempre en interés general de la Caja", ha declarado.
Además, tampoco han declarado el exconsejero de Caja España por UPL Bernardo Fernández; el exalcalde de Medina de Rioseco (Valladolid) Artemio Domínguez; el exconsejero por el sindicato Csica Alfredo Fernández Salvadores; el exconcejal de Ponferrada por el PP Juan Elicio Fierro; y Alejandro Menéndez
IU está personada como acusación particular en la causa y la letrada que representa a la coalición, Ana Peñalosa, ha manifestado a su llegada al Juzgado que confía en que los exconsejeros que están siendo investigados por supuesta administración desleal sean finalmente juzgados "porque todo apunta que hay indicio de delito".
Los exconsejeros están siendo investigados en esta causa por participar en la reunión de febrero de 2009 del consejo de administración de Caja España en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones de euros.
Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo, por lo que se investiga si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.
Sólo el exalcalde de León ha accedido a testificar sobre el asunto. Francisco Fernández ha confirmado que ha contestado a todas las preguntas de la juez, fiscalía y defensas y ha resaltado que lleva nueve años de "chaparrón" por este motivo, pero ha reconocido que está "tranquilo" porque sabe que tiene la razón en este asunto. Además, ha añadido que intentará ofrecer una rueda de prensa para aclarar su situación, ya que ha afirmado que durante su etapa como alcalde nunca tuvo "ningún problema", informa Ep.
Respecto a la investigación, este martes están citados a prestar declaración el catedrático Zenón Jiménez-Ridruejo; la exconcejala del PSOE de León Olga Palacio; la exconcejala del PSOE en Palencia Begoña Núñez; el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado y Marcos García.
