El Presupuesto de Castilla y León para 2018 prevé un montante global de 10.859,21 millones de euros, lo que supone un aumento en 566 millones respecto a 2017, un 5,5 por ciento más.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha presentado este miércoles el Presupuesto para el próximo año, que ha definido de "expansivo, social e inversor", y que sitúaa Castilla y León "en la época posterior a la crisis".
El proyecto prevé que la economía de Castilla y León crezca el año que viene a un ritmo del 2,7 por ciento, una décima por encima de lo previsto en la elaboración del techo de gasto.
Aunque Herrera ha reconocido que sus previsiónes no incluyen "imponderables" como los posibles efectos de la crisis secesionista en Cataluña, ha reconocido que "siempre hay un riesgo".
En este sentido, el presidente de la Junta ha destacado que el Gobierno regional "ha presentado en tiempo" el proyecto para lanzar "un mensaje a favor de la estabilidad y la normalidad" en una situación política "compleja" por el desafío independentista.
El máximo responsable regional ha considerado que estas cuentas responden a que "Castilla y León está a mitad de camino del proceso de recuperación de los efectos de la profunda crisis económica".
Según las previsiones macroeconómicas, el próximo año será el quinto ejercicio de crecimiento ininterrumpido del PIB, con una estimación de una tasa de paro media anual del 12,2 por ciento; un aumento del empleo del 2,8 por ciento, que se traducirá en 28.000 puestos de trabajo adicionales y que, según Herrera, "permitirá aproximarse al objetivo de legislatura del millón de ocupados".
De los 9.577,5 millones de euros de techo máximo de gasto no financiero las consejerías manejarán 8.333,4 millones, un 4,1 por ciento más, que en términos absolutos implica 330,5 millones adicionales.
De esta manera, el gasto efectivo encadena en 2018 la cuarta subida consecutiva y acumula un incremento superior a los mil millones de euros respecto a 2014. Las políticas sociales continúan en el primer lugar de las prioridades fijadas por el presidente Herrera para la legislatura ya que el 70 por ciento del aumento experimentado por los créditos no financieros se concentra en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, que en conjunto gestionarán 6.606 millones.
Se trata de la segunda cifra más alta de la historia autonómica, si se toma como referencia la evolución presupuestaria del gasto social desde que se realizaron las principales transferencias a la Comunidad. De hecho, esa cuantía únicamente fue superior en 2010, y por sólo cinco millones de diferencia.
Castilla y León impulsará el esfuerzo inversor tras "años de sacrificio" con un 16,7 por ciento más que en 2017 hasta alcanzar los 620,74 millones de euros en inversiones reales, el capítulo del proyecto de presupuestos de 2018 que más crece, según ha constatado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Junto a las políticas sociales, los presupuestos destacan po el aumento de las inversiones, que crecen un 16,7 por ciento hasta los 620,7 millones. Esta sabuida tendrá especial incidencia en las consejerías de Agricultura y Ganadería y en Fomento y Medio Ambiente que, según ha reconocido Herrera, han sido tradicionalmente las más inversoras.
El incremento de las inversiones reales se concentra en las destinadas al desarrollo de suelo industrial, que crece el 3,6 por ciento; en infraestructuras agrarias, con un 36,7 por ciento; en carreteras, con un 44,5 por ciento más; en el medio natural, con un 10,3 por ciento, y en ciencia y tecnología, con el 12,3 por ciento.
Ayudas
Para contribuir al dinamismo económico se ponen al servicio de las empresas 207,4 millones de euros, ya sea en forma de ayudas directas (117 millones, el 4,1 % más), apoyos de carácter financiero (65,7 millones) o inversiones en suelo industrial (24,6 millones). Se contemplan además 35,7 millones cofinanciados por FEDER Y FEADER y 30 millones en préstamos reintegrables, que por primera vez sufragarán iniciativas de compañías asentadas en el territorio autonómico en materia de eficiencia energética y energías renovables. El catálogo incluye también avales hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros.
La Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de casi 367 millones para gestionar éstas y otras políticas de fomento de la competitividad del tejido productivo. Destaca de su presupuesto el descenso del 55,5 % de las operaciones financieras, motivado fundamentalmente por la gestión y amortización de un menor volumen de recursos BEI en relación a 2017. Con 54 millones para inversiones, el 13,5% más, podrá ejecutar los compromisos asumidos y los planes industriales de Renault y Nissan.
Por otro lado, ha confirmado que el esfuerzo en ciencia y tecnología sumará los 236 millones de euros, un 7 por ciento más, hasta alcanzar el 2,8 por ciento del gasto no financiero de las consejerías, cuando el compromiso de legislatura es alcanzar el 3 por ciento.
