La Fiscalía de Valladolid solicita una condena global de nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exalcalde, el "popular" Javier León de la Riva, por avalar el soterramiento del ferrocarril.
Las tres cartas de conformidad suscritas por el exregidor en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval, comprometían al Ayuntamiento a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de los 400 millones que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento del ferrocarril, informa Ep.
En su escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 4, la acusación pública imputa al exalcalde tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental y, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, pide para León de la Riva una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal.
Al ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, todavía hoy en la bancada "popular", y al ex edil de Movilidad, Manuel Sánchez, el Ministerio Público les considera autores de tres delitos de prevaricación y solicita para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación.
Hace unos días el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Asesoría Jurídica, daba a conocer su escrito de acusación en virtud del cual solicita para el exregidor una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por un presunto delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Alfredo Blanco y Manuel Sánchez en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.
En virtud de las tres cartas, denominadas "comfort letter", el Ayuntamiento se comprometía a desembolsar 100 millones de euros si la Alta Velocidad incumplía la obligación de devolver el préstamo y los intereses a los seis bancos acreedores.
En ambos escritos se apunta que el entonces alcalde firmó los documentos pese a ser consciente de la obligación de iniciar un procedimiento que incluía obtener el informe del interventor municipal, haber solicitado autorización a la Consejería de Hacienda de la Junta y haberlo sometido a pleno, requisitos éstos que no cumplió.