La Junta destinará 700 millones de euros durante los próximos cinco años a políticas activas de emplo, según el acuerdo rubricado este miércoles por Herrera y los agentes sociales.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, los secretarios autonómicos de CCOO y UGT en Castilla y León, Ángel Hernández y Agustín Prieto, y el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, suscribieron hoy dentro del Diálogo Social la II Estrategia de Empleo hasta 2020, con una dotación de 700 millones, 100 más que el compromiso inicial que asumió el jefe del Ejecutivo en su Discurso de Investidura. Además se han rubricado otros cuatro acuerdos más.
Herrera ha ensalzado los cinco compromisos rubricados para un "año clave para lograr el éxito o el fracaso" de la legislatura? y con los que se persigue la generación de empleo de calidad, hasta lograr un millón de ocupados al finalizar la legislatura; y la protección y la ayuda a los más desfavorecidos.
En un contexto nacional de incertidumbre, Herrera ha destacado que estos acuerdos aportan la "certeza y confianza que la sociedad está demandando?.
La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 tiene como objetivo mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección: los jóvenes menores de 35 años, mayores de 45 y parados de larga y muy larga duración.
También se contemplan colectivos especiales que requieren atención diferenciada, como son mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o empleados por cuenta propia, entre otros.
Uno de los cuatro ejes en los que se estructura la Estrategia es el Plan Anual de Política de Empleo, que para 2016 prevé destinar inicialmente 140 millones de euros en el conjunto de políticas activas este año, casi el triple de los 60 del primer ejercicio en que se puso en marcha, en 2012.
En esta partida se incluye los 36,3 millones del Plan de Empleo Joven y los 40 del Plan de Empleo Local, con él se pretende promover un importante número de empleos para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales.
Entre las novedades, esta la obligación para los ayuntamientos de realizar contratos a tiempo completo y con una duración mínima de seis meses. Además se realizarán convocatorias independientes para distintos colectivos: perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, trabajadores de los sectores turístico y forestal, personas con discapacidad y trabajadores de los municipios mineros.
El Plan de Empleo mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a la reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros. Como novedad, se incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender dicha ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones.
Se potencia además la protección frente a las crisis empresariales con fondos por un total de 12,5 millones de euros con los que complementar la renta de los trabajadores y se colabora con las empresas a través de la minoración de sus costes de Seguridad Social.
Como novedad, según ha subrayado Herrera, se plantea la posibilidad de conceder ayudas, vía convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en procesos concursales para facilitar el tránsito hasta la jubilación. Asimismo, se prevé mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por EREs que, siguiendo en activo en la empresa, hayan agotado sus prestaciones por desempleo.
Dentro del Diálogo Social se han rubricado también el nuevo acuerdo para el fomento del alquiler y la rehabilitación edificatoria en Castilla y León, cuyo presupuesto total asciende a 23,4 millones de euros.Estas ayudas subvencionarán hasta el 40 por ciento de los recibos mensuales de alquiler de la vivienda, hasta un máximo de 1.710 euros mensuales. Están dirigidas a los más vulnerables, que son aquellos con ingresos por debajo del Iprem, se elimina el umbral de ingresos mínimos y se eleva el porcentaje subvencionable de los recibos mensuales.
Otro de los acuerdos ha sido el de de Renta Garantizada de Ciudadanía, en el que se buscará el consenso de todos los grupos.
Estas ayudas están dotadas con 69 millones este año y serán más accesibles, especialmente a los perceptores de otras prestaciones derivadas del empleo y a grupos que en este momento no podían acceder.
Una de las novedades es que se garantiza el derecho subjetivo de esta renta al reconocerse el nacimiento del derecho desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.
Asimismo, Herrera ha explicado que se procederá a la reanudación automática de la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad. Llevar a cabo los contenidos de este acuerdo supondrá un esfuerzo presupuestario que podría alcanzar los 14 millones de euros.
Por último, el presidente de la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales firmaron el acuerdo por el que se adquiere el propósito firme de adoptar las medidas necesarias para que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) conozca también los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales.
