El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado la destitución de Pablo del Villar como presidente de la Denominación de Origen Rueda al ratificar la obligación de cumplir la sanción administrativa interpuesta por el Ejecutivo autonómico contra él.
Pablo del Villar fue denunciado por Bodegas Marques de Riscal al haber apartado a tres catadores del comité de certificación, algo que la Ley prohíbe categóricamente a los Consejos Reguladores.
A raíz de la denuncia, la Administración regional impuso a Del Villar una multa de 30.001 euros (la mínima para este tipo de sanciones, que pueden ascender hasta 600.000 euros), así como su "inhabilitación" como vocal al considerarle autor de una infracción "muy grave".
Del Villar había acudido a los tribunales alegando que no debía cumplirse la sanción ya que estaba recurrida por vía judicial.
El TSJCyL, que no resuelve la validez o no de la sanción sino si debe ser cumplida o no mientras se dirime el asunto de fondo, apunta que, de acuerdo con el artículo 24.6 del reglamento de la DO Rueda y la propia Ley del Vino, la falta grave inhabilita a Del Villar para seguir formando parte del consejo, ya sea como vocal o como presidente: "La pérdida de la condición de vocal, que no es una sanción accesoria, viene directamente establecida en el artículo 30.1.d) de la Ley Autonómica 8/2005, y dos, que la medida cautelar de suspensión le fue denegada por el auto de 20 de febrero de 2015", refleja el documento, adelantado por Diario de Valladolid, contra el cual no cabe recurso.
La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha señalado a elEconomista que enviará un requerimiento al Consejo Regulador para que convoque un pleno y haga efectiva la destituión de Pablo del Villar como vocal, a la vez que se sombre a su suplente para elegir a continuación a su sustituto al frente del Consejo Regulador.
Marcos, que había emplazado ya a resolver la cuestión sin esperar a la sentencia, ha lamentado la situación creada y ha reclamado al Consejo Regulador a "actuar con responsabilidad" para no perjudicar a la Denominación, una de las que más crece en España en ventas. "Las sentencias están para cumplirlas", ha asegurado.
El Consejo, por su parte, ha rechazado hacer valoraciones sobre la sentencia a la espera de que la analicen los servicios juridicos.
En el caso de no cumplirse la sentencia de manera voluntaria, la Ley establece la potestad de la Junta de Castilla y León de suspender al Consejo y nombrar a una comisión gestora para que convoque nuevas elecciones.
