Revés a la implantación de la administración electrónica. El Supremo ha dado por bueno un acuerdo del Pleno de la Sala de lo Contencioso del TSJ en Valladolid por el que se obliga a la Agencia Tributaria a enviar los expedientes que le requiera en papel y no solamente en formato digital como venía haciendo.
Aunque el Alto Tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto -la legalidad o no de enviar los expedientes administrativos en formato digital-, legitima al Tribunal Superior para exigir una medida que causó "honda preocupación" en el Ministerio de Justicia y que el mismo Consejo del Poder Judicial intentó anular.
Con fecha 20 de mayo de 2013, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid adoptó un acuerdo sobre unificación de criterio en relación con los expedientes administrativos en CD remitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los recursos judiciales contra sus resoluciones. El acuerdo, que contó con el voto favorable de todos los asistentes, salvo la presidenta, establecía que el Derecho vigente no permite imponer de forma excluyente ese expediente electrónico, a lo que añadía que en ningún caso corresponde a la Administración de Justicia tener que soportar el gasto de incorporar al proceso judicial el expediente en formato papel.
Tras aprobarse la medida, la Secretaría de Estado de Hacienda envío un escrito al Consejo del Poder Judicial en el que mostraba la honda preocupación. Alegaba que desde 2011 la Administración tributaria trabaja con
expedientes electrónicos sin que se utilice el formato papel y que tras las quejas de los magistrados invocando la carencia de medios informáticos suficientes para el examen del expediente y la simultánea redacción de la resolución judicial se procedió a instalar a los Magistrados una doble pantalla para facilitar el visionado de los expedientes administrativos.
Con posterioridad, añadía, la razón que se invoca para solicitar la remisión de los expedientes en formato papel ya no es tanto la carencia de medios informáticos sino que impide una lectura reflexiva de los mismos.
Hacienda trasladaba su preocupación por las consecuencias de orden material que supondría el mantenimiento del criterio de la Sala de lo contencioso-administrativo además de señalar que supondría "un retroceso" respecto del avance que ha supuesto el desarrollo del expediente electrónico en el marco de los principios de eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas.
Finalmente, el Consejo del Poder Judicial anuló los acuerdos, medida que fue recurrida por los magistrados ante el Supremo. Ahora, el Alto tribunal ha anulado la decisión del CGPJ y legitima a la Sala a aplicar una medida
al entender que el órgano de gobierno se entromete en cuestiones jurisdiccionales, que le están vetadas constitucionalmente.
