El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva , no sólo ha negado hoy que ralentizase el cumplimiento de una sentencia urbanística en el edificio en el que vive sino que ha defendido que siempre pidió que se acatase "con la máxima celeridad".
En medio de una importante expectación mediática, el polémico alcalde vallisoletano ha sido juzgado por un presunto delito de desobediencia, por el que formalmente se enfrenta a una posible inhabilitación para ejercer cargo público durante 15 meses pero que de hecho puede suponer que no repita como candidato y el fin de su carrera política.
De la Riva, que ha accedido al juzgado por una puerta lateral para esquivar la manifestación que había convocado la asociación vecinal que ha ejercido la acusación particular contra él, ha mantenido durante la vista que siempre siguió la recomendación de los técnicos en este asunto y "siempre preguntaba a la concejala de Urbanismo cómo iba el tema, ya que las sentencias hay que cumplirlas. Esa era mi obligación y decisión".
Los hechos se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declaró ilegal la rehabilitación de un céntrico edificio de Valladolid, en el que el alcalde tiene su vivienda, y obligó a restituir a su estado original unos trasteros convertidos en áticos. El Ayuntamiento necesitó cinco años y otros tantos requerimientos para ejecutar las obras.
León de la Riva no sólo ha rechazado que tuviese algún interés en demorar el cumplimiento de la sentencia, más bien al contrario ya que, como vecino del edificio, quería que concluyesen cuanto antes para evitar las molestias. "Se cumplió la sentencia tarde, pero se cumplió a plena satisfacción de la Sala", aseveró, a la vez que ha reconocido que "en absoluto" le parecía normal que se hubiera tardado cinco años en restituir la legalidad del edificio.
Aunque inicialmente no estaba previsto, la defensa presentó tres testigos que justificaron los retrasos en las dificultad de restituir el edificio a su estado original por la inexistencia de planos originales, a lo que se sumó una reforma en 2000 que no se cumplió íntegramente.
En las conclusiones definitivas, la fiscal, que ha pedido quince meses de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, ha apreciado en el alcalde una abierta negativa a acatar la resolución judicial gracias a un estrategia que consiste en plantear proyectos para cumplir la sentencia a sabiendas de que "no van a pasar el filtro judicial pero los años van cayendo".
Desde la acusación popular, que ha mantenido la petición de dos años de inhabilitación. La sentencia puede estar lista en 10 0 12 días.
