La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha participado este martes en Bruselas en el proceso de diálogo iniciado entre la Junta y la Comisión Europea (CE) para concretar el contenido del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se ejecutará en Castilla y León durante el septenio 2014-2020 y determinará el destino de 314,4 millones de euros procedentes de la UE. Esta cuantía deberá destinarse a proyectos cofinanciados por el Gobierno autonómico, por lo que en total el plan movilizará 628,8 millones de euros de inversión pública en ese periodo.
Los programas operativos (PO) establecen cómo se gasta el dinero que llega desde la UE, es decir, dónde y de qué modo se invierten tanto los dos Fondos Estructurales ?el FEDER y el Fondo Social Europeo (FSE)? como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Si son plurirregionales, de la confección de los PO se encargan los estados miembros de la UE, mientras que si tienen carácter regional, en el caso de España su elaboración corresponde a las autonomías. De ahí que la Junta haya diseñado sendos instrumentos de planificación para el marco de programación 2014-2020 relativos al FEDER, el FSE y el FEADER.
El Gobierno de Castilla y León envió su propuesta a la Comisión Europea el pasado 22 de julio, lo que supuso el inicio de un proceso de diálogo entre la CE y la Junta dirigido a mejorar el contenido de los programas con carácter previo a su aprobación, prevista para antes del verano. En este marco se encuadra la visita de la consejera de Hacienda a la capital belga y su encuentro con los técnicos que integran la Unidad de España de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión, más conocida como DG Regio.
Castilla y León recibirá 1.980,1 millones de euros en concepto de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) entre los ejercicios 2014 y 2020. De ellos, 969 millones corresponden al FEADER y 1.011,1 millones a la Política de Cohesión propiamente dicha, es decir, a la suma del FEDER (699,4 millones de euros) y el FSE (311,7 millones).
La Junta gestionará 1.426,8 millones de euros del montante global de FEIE, cantidad que equivale al 72 % del total. En concreto, ejecutará de forma directa la totalidad del FEADER y 413,1 millones del FEDER y el FSE. Y de manera indirecta, a través del Programa de Empleo Juvenil, 44,7 millones de euros.
Las herramientas que lo harán posible serán precisamente los tres programas operativos regionales. El relativo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural estará dotado con 969 millones, mientras que el PO FEDER se financiará con 314,4 millones de euros y el PO FSE con 98,7 millones. La Junta cofinanciará estos dos últimos con las mismas cantidades, lo que elevará la partida global que se invertirá en Castilla y León a través de estos instrumentos hasta los 826,2 millones de euros.
La consejera Pilar del Olmo también se ha reunido con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, con quien ha analizado el calendario de tramitación de los futuros programas operativos y, por supuesto, las oportunidades de desarrollo que ofrece el Plan Juncker. Además de estos asuntos, la titular de Hacienda del Gobierno autonómico ha abordado durante este encuentro la posibilidad de acceder a recursos de la UE que permitan afrontar con garantías los desafíos demográficos a los que se enfrenta la Comunidad.
Castilla y León considera que la Estrategia Europa 2020 debe tener en cuenta el cambio demográfico e incluir políticas para hacer frente a estos retos entre sus prioridades y que los presupuestos tanto nacionales como europeos y la inclusión de los desafíos demográficos como objetivo horizontal en la futura Política de Cohesión deben ser instrumentos para hacer frente a estos retos.
La Junta de Castilla y León defiende, junto a los gobiernos de otras cinco comunidades autónomas -Galicia, Asturias, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha- que la Unión Europea debe avanzar hacia una estrategia global en materia de población, que el cambio demográfico sea incluido como una prioridad en la financiación comunitaria posterior a 2020 y que los criterios poblacionales pesen con mayor fuerza en el diseño de las nuevas políticas ?especialmente, en la política regional y de desarrollo rural- durante el debate sobre el siguiente periodo financiero 2020-2027; con esto último, por tanto, se puede dotar de un presupuesto y de instrumentos específicos a estas zonas afectadas por un alto índice de vulnerabilidad demográfica. Entre los instrumentos, por ejemplo, podría incluirse un aumento de las tasas de cofinanciación.
En la reunión con el vicepresidente del Parlamento Europeo, la consejera Pilar del Olmo ha recordado la participación activa de Castilla y León en el Comité de las Regiones para incorporar los desafíos demográficos, tanto en las prioridades como en los dictámenes que emite este órgano.
