La Alianza UPA-COAG se ha mostrado este jueves "radicalmente en contra" de la técnica del fracking "como un acto de absoluta responsabilidad hacia el medio rural, hacia el campo, hacia los pueblos y hacia las personas que viven en él".
Por ello, pide a la Junta en un comunicado que no se autorice esta técnica de fractura hidraúlica en la provincia de Burgos, tal y como ha solicitado BNK España, puesto que supone "aplicar inyección de fluido a elevada presión que contiene agua, arena y productos químicos, cuyo retorno a la superficie puede contaminar los acuíferos, los suelos y el aire".
En este sentido, piden a todas las administraciones máxima responsabilidad ante la falta de información suficiente que permita desmontar la idea de que se trata de una técnica agresiva de realización de explosiones en el subsuelo para la ruptura de rocas e inyección de un fluido a elevada presión que contiene agua, arena y un dos por ciento de productos químicos como benceno, xileno, naftaleno y otros. Este fluido, sostiene, tiene una fase de retorno que emerge a la superficie junto al gas y que puede oscilar entre el 15 y el 80 por ciento del líquido inyectado; la parte no recuperada del fluido permanece en el subsuelo desde donde podría migrar hacia la superficie o hacia los acuíferos. Desde la Alianza UPA-COAG se denuncia que este modo de extracción de gas puede poner en peligro la calidad de los productos agrarios y recursos naturales de la región.
"Ante la lamentable actitud del Gobierno central de apoyar esta técnica desde nuestra organización nos posicionamos radicalmente en contra de la misma, como la totalidad de colectivos sociales que pueden verse afectados, por la irresponsabilidad que supone llevar a cabo políticas que desde luego pueden producir un daño irreversible para las personas que vivimos en el medio rural, y en zonas productoras de alimentos", concluye la alianza.
Mientras, la Junta de Castilla y León ha defendido las autorizaciones de exploración para ver si hay gas natural en Burgos, aunque ha aclarado que no son permisos de explotación.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero se ha referido a la presentación este jueves de medio millar de alegaciones por las asambleas de Burgos, Vizcaya y Cantabria contra el sondeo previsto en Merindad de Montija (Burgos). De Santiago-Juárez aseguró que la Junta no ha cambiado de "criterio" y ha recordado que Castilla y León a diferencia de otras autonomías no aprobó ninguna ley contra el 'fracking', que el Tribunal Constitucional ha tumbado.
Asimismo, el portavoz ha recordado que el Ejecutivo autonómico "siempre ha apoyado" los sondeos de investigación, que recordó se someten a la declaración de impacto ambiental.
Fracking en Burgos
