IU y Ecologistas en Acción, que ejercen la acusación particular, han pedido este miércoles la imputación de todos los miembros del antiguo Consejo de Caja España por la concesión de créditos a las empresas de su presidente, Santos Llamas.
La petición se produce después de que dos peritos del Banco de España ratificasen ante el juzgado que los créditos a Llamas han producido un quebranto económico en la entidad de 47 millones de euros.
Las dos organizaciones reclaman asimismo al juzgado que abra diligencias por un presunto delito de prevaricación contra los responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, por autorizar esas operaciones.
Según la declaración de los peritos, Caja España decidió refinanciar en 2009 los créditos millonarios que tenía con Santos Llamas sin reclamar garantías adicionales pese a que había incurrido ya en situación de impago. Para la acusación, esto demuestra que ha podido haber un delito de "administración desleal".
Dos años de presidente de "forma ilegal"
