La Fiscalía de Valladolid descarta la comisión de un posible delito de corrupción entre particulares durante la presidencia de Jesús Terciado en la patronal de Castilla y León por la contratación de cursos de formación, según el informe remitido por el Ministerio Público al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
La investigación fue iniciada a instancias del juez, que dirimía una demanda de reclamación de 230.000 euros de la Escuela Platón a la patronal castellano y leonesa. La empresa solicitaba el pago de ese dinero ya que alegaba que se había entregado en concepto de garantía para las posibles minoraciones de las subvenciones que la Administración pudiera realizar en los cursos de formación que está impartía a solicitud de Cecale, mientras que la patronal justificaba los pagos como cuotas empresariales por pertenecer a la organización. El magistrado sospechaba que esas cantidades en realidad podían responder a una compensación de la empresa a la patronal a cambio de la adjudicación de los cursos, financiados con dinero público.
El pago de esas cuotas se acordó de forma verbal entre el secretario de la organización empresarial y el representante de Escuela Platón y se producían desde el año 2006. Inicialmente por importe de 7.200 euros mensuales y desde 2009 de 3.600 euros.
En su escrito, la fiscal descarta que haya un delito de cohecho activo, es decir que alguna persona física hubiese recibido dinero por la adjudicación, por lo que se trataría en todo caso de uno pasivo, que sólo puede ser cometido por los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil, sociedad, asociación, fundación u organización.
En este sentido, el Ministerio Público considera que según la doctrina consultada "no es penalmente relevante la conducta cuando el ofrecimiento del beneficio o ventaja se hace directamente al empresario o como en el caso que nos ocupa se ingresa directamente en las cuentas de la persona jurídica".
Asimismo, el Ministerio Público considera que no hay elementos de prueba que acrediten que las cantidades que ingresaba Platón en las cuentas de Cecales tuvieran como finalidad mantener o conseguir la contratación de los cursos de formación. Igualmente considera que en la adjudicación de dichos cursos no se acredita que se haya lesionado la libre competencia ?el bien jurídico a proteger- ya que no se tiene conocimiento de otras empresas que pudieran ofrecer cursos sobre las mismas materias que los que ofrecía Platón y que se haya visto perjudicada en beneficio de la entidad con la que Cecale contrataba.
Sobre la actuación de Terciado al frente de Cecale existían ya otros dos informes jurídicos encargados por el nuevo presidente de la patronal, Santiago Aparicio, en el que se descartaban ílicitos penales.