Telefónica seguirá gestionando las telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León durante dos años más, según ha aprobado este viernes el Consejo de Gobierno.
La compañía que preside César Alierta ganó hace cuatro años el concurso para proveer a la Administración autonómica por un importe de 81 millones de euros, aunque en el pliego de condiciones se estipulaba la posibilidad de prorrogarlo dos años más. Aquella adjudicación fue recurrida entonces en los tribunales por otras operadoras como Ono y Vodafone.
El contrato se dividía en seis lotes: telefonía fija; Núcleo de Red; Red periférica; Acceso corporativo a Internet; Accesos aislados a Internet, y Servicios de telecomunicaciones móviles. Todos se adjudicaron a Telefónica.
La pórroga supondrá la prestación de servicios telecomunicaciones en 4.700 edificios de la Junta, de los que 4.048 son hospitales, centros de salud o consultorios. Según la Junta, el acuerdo implica un ahorro del 76 % en telefonía móvil y del 56 % en fija respecto a 2010, como consecuencia de la aplicación de nuevas tarifas, la renovación tecnológica, el establecimiento de distintos perfiles de usuario y la reducción de líneas.
El Ejecutivo autonómico añade en una nota de prensa que el contrato marco firmado en 2011 para cuatro años puso fin a la dispersión existente hasta el momento y posibilitó acceder a importantes ahorros derivados de la aplicación de economías de escala.
El buen funcionamiento de esta fórmula de prestación de servicios ha aconsejado su prórroga durante 2015 y 2016, por un importe que es el 41 % inferior al del ejercicio 2010. A este descenso ha contribuido de manera muy significativa la disminución de la partida destinada a telefonía móvil, que en comparación con 2011 cae el 76,1 % debido a la aplicación de tarifas más económicas, la reducción del 25 % del número de líneas y la modificación de los perfiles de usuario, fundamentalmente.
El ahorro en telefonía fija también es muy relevante, puesto que la factura derivada de este servicio baja el 55,7 % gracias a las nuevas tarifas, la simplificación en la gestión y la renovación tecnológica. Está operativa en 36.000 extensiones, de las que 20.000 se han migrado a la llamada Telefonía IP, y 4.700 edificios de la Administración autonómica. De esos inmuebles la inmensa mayoría tienen uso sanitario, en concreto 4.048, mientras que entre los 652 restantes hay dependencias de todo tipo, desde centros educativos a oficinas de atención al ciudadano u oficinas.
En materia de comunicaciones de datos el contrato ha servido para conectar las distintas sedes de la Junta, unificar los centros de proceso de datos (CPD) y, sobre todo, dar soporte a los crecientes servicios públicos digitales, entre los que destacan algunos tan demandados por los ciudadanos como la teletramitación o la receta y la historia clínica electrónicas.
El contrato tenía una duración de cuatro años y un importe de licitación de 81 millones de euros sin IVA.
