Las empresas concesionarias de ITV en Castilla y León han decidido llevar a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia por obligarlas a rebajar sus tarifas alrededor de un 20 por ciento.
Estas compañías, integradas en Aecyl-ITV, han denunciado que el pasado 12 de diciembre, la Junta hizo pública su decisión "unilateral" de modificar los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio público de ITV en esta Comunidad, lo que constituye un "incumplimiento contractual y un ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades administrativas".
Tanto las entidades que prestan el servicio como la propia Asociación que las acoge aseguran haberse visto "obligadas" a acudir al Tribunal Superior de Justicia, órgano en el que han solicitado como medida cautelar la suspensión de la orden, "tras un reiterado y frustrado intento de diálogo con la Administración".
Las concesionarias alegan que la modificación de los precios vulnera el ordenamiento jurídico tanto nacional como europeo ya que supone un cambio no previsto en los propios contratos de concesión sin que lleve aparejado ningún tipo de compensación.
El impacto económico que supone para las concesionarias alcanzaría una reducción de las tarifas de un 30 por ciento ?ya que a la bajada del 20 por ciento del próximo año se une la no actualización del IPC desde 2012, algo que "ningún modelo económico puede soportar".
De esta manera, añaden, se está poniendo en riesgo la viabilidad económica de unas compañías que emplean a 546 trabajadores, lo que suponde además un grave perjuicio para la prestación del servicio a los ciudadanos.
Las concesionarias añaden que se "se está poniendo en riesgo la prestación de un servicio público que impacta directamente en la Seguridad Vial y en la protección del Medio Ambiente, y que por ello afecta a todos los ciudadanos sean o no titulares de vehículos".
Las tarifas más caras de España
