El decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida ha cuestionado la reforma fiscal recientemente aprobada por el Gobierno al afirmar que "si bien se pretendía abordar desde un punto de vista global, de todo el sistema tributario, se ha quedado corta debido a la cercanía de las elecciones generales, autonómicas y locales".
De Margarida ha señalado, en el transcurso de la celebración del "Día del Economista", jornada en la que se ha analizado la nueva reforma fiscal, que tras una larga crisis que ha destruido más de un 18% del empleo, el principal reto de la economía española "debe ser la creación de puestos de trabajo". Por este motivo, la reforma fiscal "debería tener como principal objetivo maximizar el crecimiento y la creación de empleo, con una fiscalidad eficiente que garantice unas cuentas públicas equilibradas".
En opinión del decano de ECOVA, el problema es que los impuestos se han convertido en la principal herramienta económica del Gobierno de España, hasta el punto de la legislatura actual se inició con un incremento sin precedentes del IRPF para atajar el desbocado déficit público. Esta forma de legislar, "a golpe de Real Decreto-ley que tiene todos los inconvenientes, y una sola virtud, que es la rapidez", supone desventajas tanto para los contribuyentes como para los economistas asesores fiscales.
Juan Carlos de Margarida ha afirmado durante su intervención que los Colegios de Economistas solo tienen una posibilidad, "la de construir una marca que no es otra que la del Economista Asesor Fiscal" explicando que un sistema tributario como el nuestro "basado en la autoliquidación, en donde el contribuyente ha de calificar y cuantificar sus hechos económicos, es imprescindible el concurso del profesional tributario verdadero como puente entre la Administración y el ciudadano".
El decano de Ecova ha destacado el papel del asesor fiscal en las relaciones tributarias ya que es quien "hace comprender las normas a los obligados tributarios, interpreta para su cliente las comunicaciones administrativas como resoluciones o notificaciones, informa al cliente de sus derechos, contesta en nombre del cliente requerimientos, hace alegaciones, reclama, solicita aplazamientos, y así un sin fin de acciones que son el día a día de su gestión".
De Margarida ha cuestionado también la Ley Concursal, afirmando que "es inconcebible que premie la liquidación al convenio, lo que supone la desaparición de más del 94% de la industria española". En este sentido, ha defendido una normativa que permita, "de algún modo, mantener la actividad o parte de ella, y con ello mantener los proveedores, el fondo de comercio y los clientes, que tantos años ha costado construir y mantener".
Este debería ser, en su opinión, el objetivo "que ejecutando a tiempo el concurso de acreedores se pueda lograr evitar la desaparición no de la empresa como tal, que se liquidaría, sino de la actividad que se desarrollaba hasta ese momento".
En el acto, ha intervenido también el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Colegio de Economistas de España, Jesús Sanmartín Mariñas y el presidente del REFOR del Consejo General de Economistas, Leopoldo Pons.
En la Jornada, que ha sido clausurada por la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha participado también Georgina de la Lastra, delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castilla y León.