El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con el visto bueno de la bancada 'popular' y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto la Ley de Reforma de la Administración cuyo principal objetivo es optimizar recursos y simplificar procedimientos para caminar por la vía de la rapidez y de la sencillez administrativa y prestar un servicio más ágil a los ciudadanos y a las empresas.
Así lo ha asegurado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien, tras enorgullecerse por la "amplia participación" que ha presidido la redacción de la Ley, ha significado la relevancia de una norma que derivará en una administración "más acogedora, más proactiva y más sencilla" y regida por los principios de la austeridad, eficiencia, transparencia y participación.
Entre las principales novedades de la Ley, que prevé un ahorro de 280 millones de euros, el consejero ha destacado la posibilidad de una rebaja del 50 por ciento por el pronto pago -antes de 30 días-- de las multas que ponga la Administración, una medida que, según ha aclarado, no va a afectar en ningún caso a los ingresos de la Junta ya que las sanciones no tienen finalidad recaudatoria y representan, además, menos del 0,01 por ciento del total.
Desde el Grupo Socialista, su viceportavoz, Ana Redondo, ha cargado contra una norma que favorece, a su juicio, la desprofesionalización de la Administración, la "concentración avariciosa" de decisiones políticas en unas pocas manos y la pervivencia de la 'administración b' y de la discrecionalidad de las "famosas bufandas" a lo que ha añadido la "opacidad" en la toma de decisiones camuflada en el trampantojo del Gobierno Abierto, al que se ha referido como una coartada perfecta de falsa transparencia.
Redondo, que ha defendido las 86 enmiendas parciales de su grupo que se han mantenido vivas para el debate, ha lamentado la "estivalidad y alevosía" con la que se ha tramitado el texto en las Cortes para dilatar los plazos sin voluntad de acuerdo y ha advertido del peligro de "opacidad" y de "vulneración" de la "necesaria participación ciudadana" con un espíritu, además, de someter la Función Pública a un mayor control "con una clara tendencia privatizadora".
"No hay nada más simple que el autoritarismo, uno manda y otro obedece", ha resumido Redondo, para quien esta Ley va en contra de los propios actos de la propia Junta en un "acto de incoherencia" al crear, a modo de ejemplo, una Comisión de la Juventud o el Consejo Asesor de la Mujer que ahora hace desaparecer y que serán sustituidos por otros consejos "en una inseguridad jurídica de dudosa legalidad".
"Sus enmiendas no mejoran nada y sólo plantean supresiones o que en nada mejoran el proyecto", ha aclarado el procurador 'popular' Salvador Cruz, quien, tras acusar al PSOE de falta de voluntad de consenso porque en la Ley no hay réditos políticos, ha ironizado sobre la estivalidad que ha presidido la actuación de Redondo en los meses de julio y agosto -en referencia a los movimientos de la socialista en torno a los problemas internos de su partido--.
Como también ha defendido el consejero de la Presidencia, Cruz se ha mostrado convencido de que con esta Ley Castilla y León sigue a la vanguardia de las reformas y lejos del inmovilismo del que hace gala, a su juicio, el PSOE, al que ha pedido que se lo haga mirar y cambie de actitud en su proceso de renovación interna.
