Castilla y León

Siempre pagan los mismos los platos rotos

Las administraciones públicas piensan que ciudadanos y empresarios son una especie de "gallina de los huevos de oro". Cuando menguan sus ingresos, lejos de reducir el gasto, tiran de impuesto para salvar los muebles, sin reparar en las consecuencias que tienen. El céntimo sanitario es un buen ejemplo de ello, aunque lamentablemente no es el único.

El "catastrazo" que el Gobierno aprobó en 2008, que permitió la revalorización de los inmuebles, se convirtió pronto en el salvavidas de muchos ayuntamientos españoles para cubrir la merma de ingresos que supuso la crisis económica.

Aquella actualización de los valores se hizo sobre el espejismo de la burbuja inmobiliaria y las bases para calcular el conocido Impuesto de Bienes Inmuebles se dispararon. Hoy muchos de esos inmuebles valen en el mercado mucho menos de lo que se estableció entonces.

Probablemente nadie pensaba que aquella decisión iba a tener unas consecuencias tan dramáticas para los ciudadanos en general y para las pymes y autónomos en particular. Pero lo que ya no tiene un pase es insistir en el error.

Durante los últimos cinco años las empresas de la capital soriana han visto cómo pese a la drástica reducción de sus ingresos, el Ayuntamiento subía el Impuesto de Bienes Inmuebles. Una decisión que ha hecho aún más dramática la lucha por la supervivencia de decenas de pymes y que ahora se convierte en otra amenaza para su recuperación.

Y pese a las voces que imploran que se ponga freno a la situación, ahora que parece que se ve la luz al final del túnel, el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, como si la cosa no fuese con él. El tema es más sangrante cuando los hastiados empresarios y autónomos descubren que parte de ese dinero que tienen que pagar y que contribuye a teñir de rojo sus cuentas de resultados se destina a pagar cursos de liderazgo del alcalde, como denunciaba hace no mucho tiempo el periódico Abc. A ver si al menos, entre clase y clase, saca un hueco para escuchar las razonables demandas empresariales.

RAFAEL DANIEL

Delegado de elEconomista en Castilla y León

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