La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulando el denominado "céntimo sanitario" ha sido recibido como una gran victoria por el sector de las estaciones de servicio, duramente castigado por el impuesto. Castilla y León fue una de las últimas Comunidades en implantarlo -marzo de 2012-, aunque quiso aprovechar el tiempo perdido aplicando el tramo más alto.
Eso supuso todo un varapalo para las estaciones de servicio, que pronto vieron cómo el consumo se desviaba a otras comunidades limítrofes con un gravamen menor. En una Comunidad que por su situación geográfica es ruta obligada de un importante tráfico de mercancías, los efectos han sido demoledores, con caídas de las ventas de un 25 por ciento. A la destrucción de empleo en las estaciones de servicio se sumó pronto la de todos aquellos servicios complementarios (bares, restaurantes, hostales...)
La supresión del céntimosanitario sin embargo sólo será una victoria pírrica si los responsables públicos no se dan cuenta del verdadero problema de fondo, que se trata de un impuesto que perjudica seriamente la competitividad de nuestras empresas.
Por eso, los argumentos que están dando las comunidades autónomas y el mismo Gobierno al asegurar que el impuesto como tal se quitó a finales de 2012 es una forma de hacernos trampas en el solitario. El gravamen sigue existiendo, ahora como Impuesto Especial de Hidrocarburos, lo que significa que está provocando el mismo perjuicio que antes en el tejido productivo y en las familias.
Por eso, el tirón de orejas de la Justicia Europea a las administraciones españolas por su voracidad fiscal sólo será algo anecdótico desde el punto de vista económico si no se va más allá. Ahora que empezamos a crecer, es el momento de aligerar las cargas a quienes tienen capacidad de generar riqueza y empleo. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tiene que reconsiderar de forma urgente su política fiscal si no quiere que los daños sean irreversibles.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y León
