La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) va a recurrir la orden de la Junta de 27 de noviembre por la que se resuelve la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), para la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística de su término municipal.
Esta declaración permitía la liberalización total horaria del centro comercial Río Shopping, promovido por Ikea, que podrá abrir 16 festivos al año, seis más que en otras provincias de la comunidad.
Para Avadeco en el término municipal de Arroyo de la Encomienda no se dan las circunstancias para ser declarado como ZGAT, habiendo confundido la Junta de Castilla y León lo que es una simple afluencia comercial como si fuese afluencia turística.
Avadeco considera que no hay datos sobre pernoctaciones ó estancias superiores a un día que justifiquen esta declaración, ni con visitas culturales.
La organización de comerciantes vallisoletana considera que esta Declaración responde única y exclusivamente a los intereses del Centro Comercial Río Shoping, pero en ningún caso encaja con lo previsto en la norma y se aleja del interés general que deben perseguir las decisiones de las Administraciones Públicas.
La definición de Turismo de la Organización Mundial de Comercio es rotunda y resulta fundamental en este caso: "estancias inferiores a un año y superiores a un día, en lugares distintos del entorno habitual".
Por ello seguramente la Dirección General de Turismo informó negativamente esta Declaración señalando conforme consta en el Expediente: "La Dirección General de Turismo, con fecha 31 de octubre de 2013 y en virtud de la valoración que realiza de dos elementos básicos, la oferta y la demanda turística, y siempre dentro del marco de la definición de «turismo» aceptada por la Organización Mundial de Turismo de acuerdo con el ámbito material competencial de este centro directivo, emite informe en el que considera que no se dan las circunstancias para la consideración de Arroyo de la Encomienda como Zona de Gran Afluencia Turística".
Aunque el recurso será ante la propia Junta de Castilla y León, fuentes de la asociación de comerciantes han mostrado su intención de llegar a los tribunales en el caso de que sea rechazado por el Ejecutivo regional.
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