El ingreso en prisión de Miguel Blesa se proyecta como un aviso para navegantes en la triste historia de las cajas. Por primera vez, los españoles pueden visualizar claramente que los poderosos van a responder ante la Justicia por los graves daños que han provocado en las entidades de ahorro y que no sólo serán los preferentistas o los ciudadanos que han perdido su casa los que van a pagar los platos rotos.
Ahora bien, una vez abierta la puerta, las cosas no pueden detenerse ahí. El caso de Caja Madrid no difiere demasiado de lo que ha sucedido en otras cajas de ahorro españolas, entre ellas, las de Castilla y León. El nombramiento de consejeros sin apenas conocimientos financieros, la elección de presidentes manejables, las operaciones financieras de alto riesgo realizadas, las dietas o los sueldos y pensiones millonarias, que han venido pagándose a quienes tenían la obligación de defender los intereses de las entidades a las que representaban, han sido moneda común. El resultado ha sido que muchas de ellas han desaparecido en el cataclismo. como es el caso de Caja Segovia, Caja Burgos o Caja Ávila, y otras, como es el caso de España-Duero, se debaten entre la nacionalización o ser engullida por Unicaja.
Provoca indignación oír a la presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, a la sazón vicepresidenta de España-Duero durante muchos años, lamentarse de la desaparición de esta caja como si la cosa no fuese con ella. Sin duda ha sido una de las principales artífices de un descalabro que, por el momento, ha costado al erario público más de 500 millones de euros en forma de ayudas perdidas.
En Segovia nos despachamos cada día con una nueva noticia escandalosa sobre los excesos de directivos y consejeros. Los regalos suntuosos, los viajes paradisíacos y los altos emolumentos de los gestores han puesto de manifiesto lo que ya hemos denunciado desde estas páginas: la existencia de una especie de complot para que unos y otros desvalijasen la entidad. Más de uno debería poner sus barbas a remojar.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y León
