Las administraciones públicas adeudan a los autónomos de Castilla y León un total de 273 millones de euros, seis más que en febrero, con un plazo medio de pago de 114 días, 37 menos que la media nacional.
Según una encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, elaborada sobre 1.067 entrevistas en España, la morosidad pública ha aumentado de nuevo a pesar de la nueva Directiva Europea en esta materia, que establece un plazo máximo de pago de 30 días, tiempo muy alejado de los pagos efectuados en Castilla y León y en España. En el cómputo de todas las autonomías, las administraciones (entidades locales, empresas públicas, diputaciones y gobiernos central y regional) adeudan unos 4.839 millones de euros a los autónomos.
La Comunidad es la quinta que más debe al colectivo por cuenta propia, aunque es la sexta que menor tarda en pagar
Sólo el 15,7 por ciento de autónomos cobra en menos de 90 días en España. Y de ese porcentaje, únicamente ocho de cada cien cobran las facturas que emite a las administraciones públicas en los plazos que establece la Ley, es decir, en un periodo inferior a 30 días. De hecho, la deuda pública con autónomos sólo ha descendido en siete comunidades autónomas en los tres últimos meses.
En función del organismo público al que facture el colectivo, los plazos del cobro de facturas varían: el periodo medio de pago de la Administración central y pymes (aunque es con los que menos trabajo tienen los autónomos) es de 49 días; las comunidades autónomas abonan de media en 145 días y los ayuntamientos, en 157 días, que además son los que concentran el mayor volumen de la facturación de autónomos.
ATA considera que para poner freno a este problema es necesario que el Gobierno permita al autónomo con dificultades cobrar una factura de una administración directamente a Hacienda. Luego sería el Estado el que descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma de su participación en los ingresos públicos.
Además, resulta "imprescindible" para ATA que se compensen las deudas que estos autónomos tengan con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas, que a su vez mantenga una administración con él, o bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social
Para poner coto a la morosidad privada, del mismo modo que se exige a una empresa que cobra del sector público estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, se debe de exigir también que esté al corriente de pagos con toda la cadena de subcontratación, donde se encuentran gran cantidad de autónomos, según esta organización.
