Por fin alguien con relevancia pública se ha decidido a defender a las víctimas de las preferentes de Caja España-Duero. El presidente de la Diputación de Zamora y consejero de la entidad, Fernando Martínez Maíllo, se ha reconvertido de la noche a la mañana en el adalid de las cerca de 15.000 personas que en Castilla y León han caído en las redes de un engaño masivo perpetrado, además, sobre gente, en su mayoría, de avanzada edad y escasos conocimientos financieros, por no decir nulos.
Es evidente que se ha abusado de la buena fe de los miles de jubilados que colocaron los ahorros de toda una vida en unos productos financieros, que hasta entonces eran prácticamente desconocidos por los ciudadanos, y que constituyeron una fórmula de las entidad de crédito para capitalizase. A quienes frecuenten los bancos y cajas españoles no les resultará extraña la imagen de personas de edad dejándose asesorar a fe ciega por los empleados bancarios con los que habitualmente trataban sus asuntos económicos. Sobre esa relación de confianza, claramente vulnerada, se ha montado esta estafa masiva a uno de los sectores más vulnerables de la población.
La amplísima base de afectados demuestra que la compra de las preferentes no fue espontánea sino que respondió a la consigna de colocar estos productos de forma masiva. Y a todo el que entraba en una entidad bancaria, le echaban el lazo sin piedad.
Probablemente los empleados ni siquiera conocían lo que estaban vendiendo, por lo que la responsabilidad es directamente achacable a una cúpula que ahora escurre el bulto y pone en manos de Unicaja o el Frob, los dos potenciales dueños de la malherida entidad, la posible devolución del dinero esfumado. ¡Vaya cara!
Del asunto parecen también haberse desentendido el PP, el PSOE y el Gobierno regional, que han controlado los consejos de administración durante este tiempo. Todos ellos no deberían dejar pasar mucho tiempo en poner fin a un "olvido" tan incomprensible como injusto.
RAFAEL DANIEL
Delegado de El Economista en Castilla y León
