Difícilmente podía imaginar el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy iba a convertir la frase ¡Al suelo que vienen los nuestros!, en la mejor definición de las relaciones entre el Gobierno y una de las comunidades más señeras del PP.
La reforma local diseñada por Cristóbal Montoro se ha convertido en el último motivo de fricción entre las dos administraciones. Los planes del ministro de Hacienda no sólo han supuesto un torpedo en la línea de flotación del modelo de ordenación territorial que preparaba el Ejecutivo regional, sino que tendrían un sobrecoste para las arcas públicas de entre 700 y 1.000 millones de euros, que es el gasto que tendría que asumir por hacerse cargo de las competencias municipales.
En el despacho del titular de la cartera de Hacienda y Administraciones públicas está ya el informe crítico con la reforma, que ha enviado el Ejecutivo regional. Una nueva llamada de atención que se suma a las duras declaraciones del consejero de Economía, Tomás Villanueva, sobre la "bochornosa" decisión del ministro de Industria, José Manuel Soria, al denegar las ayudas al carbón a las dos principales empresas mineras de la región, Grupo Alonso y Hullera Vasco-Leonesa.
Las fricciones serían pura anécdota si no se sumasen al conflicto generado con el tema del cierre de la central nuclear de Garoña o la modificación de la norma del ibérico.
Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, ninguna de las dos partes tendrá la razón absoluta sobre estos temas y en el medio estará el punto de equilibrio, pero las asperezas, por no hablar de conflictos abiertos, denota una falta no ya de sintonía, sino de la siempre imprescindible interlocución. Y eso es lo grave, porque el PP, tan proclive a maltratar a los suyos para ganarse el favor de los contrarios -llámense socialistas o nacionalistas-, está generando una preocupante desafección de sus comunidades, en vez de apoyarse en ellas para llevar a buen puerto las políticas que necesita nuestro país.
RAFAEL DANIEL
Delegado de El Economista en Castilla y León
