La futura norma establece sanciones de hasta 600.000 euros en los infracciones más graves.
El futuro Estatuto del Consumidor de Castilla y León prevé sanciones de hasta 600.000 euros por las infracciones más graves, según recoge el anteproyecto de ley que lo regula. El texto, que ha salido a información pública hace unos días y sustituirá a la Ley vigente de 1998, introduce importantes novedades en la protección de los consumidores.
En este sentido, el texto amplía los mecanismos de control a la compra de vivienda y servicios bancarios. En el primer caso, obliga al cumplimiento de la legislación vigente sobre garantías exigidas a los agentes de la edificación para asegurar sus responsabilidades y en especial, habrán de atenderse al cumplimento de la normativa reguladora del afianzamiento o garantía de las cantidades entregadas a cuenta en la adquisición de viviendas durante su proceso constructivo, así como a la entrega del "Libro del Edificio" en los términos que establece la legislación sectorial.
También establece que las entidades bancarias deberán atenerse al estricto cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, la prestación de servicios de intermediación, y la contratación a distancia de servicios financieros, evitando las cláusulas abusivas.
Asimismo, introduce como novedad mecanismos de control en la contratación electrónica y los suministros básicos; e introduce el régimen del "incumplimiento por omisión" en la publicidad.
A este respecto, el anteproyecto de ley establece que el contenido en la oferta, promoción o publicidad, las condiciones económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado.
