Siete meses después, los trabajadores de Vitro Cristalglass siguen sin poder despertar de la pesadilla que supuso el inesperado cierre de la compañía dedicada a la fabricación de vidrio. En julio de 2012, su propietaria, la multinacional mexicana Vitro, decidió clausurar la actividad de su filial española, solicitar el concurso voluntario y presentar un ERE extintivo para sus 466 trabajadores. A día de hoy, los empleados siguen sin cobrar la liquidación y la indemnización pese a que la multinacional genera beneficios a nivel mundial.
Vitro Cristalgrass, que comenzó su actividad en 2001, tenía 469 trabajadores cuando cerró, la mayor parte (421) de la comarca del Bierzo, donde poseía las instalaciones de Camponaraya y Toral. El resto de los empleados se repartían por las plantas de Gijón, Valencia y Madrid.
El cierre de Vitro Cristalglass ha estado rodeado de mucha polémica. Primero, porque la compañía, a pesar de la deuda de 10 millones que arrastraba, era "viable con un ajuste", asegura el que era el presidente del Comité de Empresa, Miguel Ángel Acebo. "De hecho, el mes anterior, la compañía había facturado tres millones de euros" añade. El malestar en la comarca leonesa por la medida crecía tras conocerse que los intentos de la compañía Tvitec por hacerse con las instalaciones y reflotarlas fueron desechadas por los propietarios. Por si fuera poco, tres meses después del cierre, la multinacional con sede en Monterrey reconoció que hasta septiembre de 2012 había tenido un beneficio de 409 millones de euros, una cifra veinticinco veces mayor que la del mismo período del 2011.
Pese a la fuerte movilización social en El Bierzo para defender la continuidad de la empresa, la multinacional mexicana no dio su brazo a torcer. "Nos dejaron tirados y no han jugado limpio desde que vinieron", dice Acebo, quien añade que siempre pensaron que la compañía iba a demostrar "sensibilidad" con los trabajadores.
A finales del pasado año, parecía que se veía la luz al final del túnel. El administrador concursal y la compañía presentaron una propuesta firme de pago de la deuda salarial, de unos siete millones. El plan contemplaba el desembolso inmediato del finiquito y del 45% de la indemnización por despido a cada operario. Un 30% se iba a pagar en el mes de julio y el 25% final se ingresaría en el segundo semestre del año, dependiendo, en todo caso, de la entrada de liquidez en el concurso. La deuda media es de entre 15.000 y 20.000 euros, aunque en algún caso puede superar los 30.000.
La propuesta sin embargo se quedó ahí y los trabajadores siguen esperando que el administrador concursal y la compañía contesten a la propuesta sindical de reforzar las garantías de pago. "Queremos que contesten, en un sentido o en otro para que los trabajadores tomen la decisión que crean oportuna", afirma el ugetista Miguel Ángel Acebo.
En este tiempo, la Audiencia Nacional ha aceptado una demanda colectiva que puede hacer aún más inviable una solución para los trabajadores y cuya vista está fijada para el 18 de febrero. "Fue una minoría de afectados de Madrid los que la interpusieron. Nosotros no éramos partidarios porque la reapertura de la empresa era imposible ya que las instalaciones se están desmantelando. Incluso en el caso de que se gane, dudo de que pudieran pagar 45 días por año trabajado y no sabemos si el Fogasa se haría cargo en ese supuesto. Ahora, cada día me llaman 15 ó 20 personas para saber cuándo cobran", dice Acebo.
