El pasado jueves, 6 de septiembre la multinacional salmantina Global Exchange recibía sin previo aviso la orden del Gobierno argentino de cerrar las once oficinas de cambio de moneda extranjera que gestiona en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires, y en las ciudades de Córdoba, Bariloche, Mendoza y Tucumán.
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) era la encargada de notificar a la compañía salmantina la suspensión transitoria de la autorización otorgada por esta misma entidad para operar en los aeropuertos internacionales del país. De hecho, la medida tomada por el BCRA disponía que "a partir del 7 de septiembre, inclusive, solo las entidades financieras públicas podrán abrir y/o mantener casas de cambio operativas en puertos y aeropuertos internacionales de Argentina", según publica El Norte de Castilla.
A pesar de que Global Exchange contaba con la "autorización definitiva" para operar en el país andino desde el año 2002, la resolución del Banco Central "revoca, en consecuencia, las autorizaciones oportunamente otorgadas a las demás entidades financieras y cambiarias para instalar y mantener casas en las referidas plazas".
La excusa que ha dado el Gobierno argentino para aplicar esta medida ha sido la supuesta defensa de los precios aplicados en el servicio de cambio de moneda destinado al turista internacional y un supuesto mayor control de la divisa que entra en el país. La prensa argentina habla en concreto de una medida orientada a evitar abusos en los precios de las divisas que pagan los turistas que llegan o se van del país.
Sin embargo, el dato no se sustenta en las cifras que maneja la empresa española, que ponen de manifiesto que de los 4,95 millones de clientes atendidos a lo largo de once años, tan solo el 0,00007%, es decir, siete de cada 100.000, presentó una queja por algún motivo.
La "principal preocupación" de la empresa salmantina se centra en estos momentos en el futuro de los 100 trabajadores de su filial en dicho país, "cuyos puestos de trabajo pueden verse afectados como consecuencia de esta medida", por lo que la compañía ya anuncia que «realizará la acciones pertinentes para proteger sus derechos y los de la compañía ante esta resolución».
Desde la multinacional que preside Isidoro Alanís también consideran que la medida afectará a los millones de turistas que visitan cada año el país, ya que supondrá "una disminución de la oferta" y un cambio a "un servicio monopolístico" además de la utilización de mercados cambiarios ilegales, "los llamados arbolitos".
Con el argumento de que el abastecimiento de petróleo corría peligro en Argentina debido a los incumplimientos de Repsol en la gestión de su filial YPF, el pasado 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que el Estado recuperaría la propiedad de la filial de la empresa española. Según Kirchner, Repsol no había efectuado las inversiones necesarias para garantizar el suministro en la totalidad del país. Lo que la presidenta omitió, sin embargo, fue que Repsol había efectuado poco antes el mayor descubrimiento petrolífero de la historia de Argentina, el yacimiento de Vaca Muerta.
Ahora, la jugada que tan bien le salió al Gobierno del país andino (la UE prometió unas represalias que no concretó) se repite paso por paso. En los días previos al cierre de Global Exchange, la prensa afín a Kirchner preparó el camino con la publicación de diferentes informaciones en las que se afirmaba que la empresa salmantina cobraba "un precio abusivo a los turistas por la compraventa de monedas".
Supuestamente, Global ofrecía en los aeropuertos un tipo de cambio de 3,70 pesos argentinos por cada dólar, cuando en el "mercado paralelo de la calle Florida se venden dólares a 6,30 pesos".
A partir de ahora, las entidades financieras públicas serán las únicas que podrán abrir o mantener oficinas de cambio en los puertos y aeropuertos argentinos, según el comunicado del Banco Central.
