El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha negado este jueves que haya habido presiones por parte de Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, sita en el Valle de Tobalina (Burgos), sobre la futura fiscalidad de la Comunidad Autónoma y ha asegurado que el Gobierno regional no gravará la energía nuclear ya que "nunca" se lo ha planteado.
De este modo se ha pronunciado el portavoz de la Junta tras conocer el comunicado de la empresa Nuclenor, que finalmente no ha solicitado la renovación de la explotación de Garoña a la espera de que se aclare la "incertidumbre regulatoria" del sector, entre ellas "las tasas, impuestos, recargos, etcétera de carácter autonómico que pudieran afectar, directa o indirectamente, al funcionamiento de la central", según consta en el escrito de la empresa.
"Nunca se ha hablado de un impuesto a las nucleares", ha aseverado el portavoz de la Junta, que ha recordado que los únicos que han puesto sobre la mesa esa posibilidad han sido los socialistas de Castilla y León en una posición "incoherente" al pedir primero el cierre de Garoña para pedir después que se gravase su actividad.
Sin embargo, la propia consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció el pasado 20 de febrero en rueda de prensa que iba a proponer al Consejo de Gobierno un impuesto para gravar a la energía nuclear con el objetivo de equiparar a la central nuclear de Santa María de Garoña al resto de la producción energética, a la que se ha impuesto la 'ecotasa' para gravar el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Según precisó entonces la consejera, la intención de la Junta era gravar a la energía nuclear, al igual que el resto de las fuentes de energía con la excepción de la térmica, que quedaría exenta de las nuevas figuras impositivas por el número de puestos de trabajo que genera y por proceder "de un bien que en Castilla y León hay que proteger y potenciar".
Por otro lado, De Santiago-Juárez ha asegurado este jueves que la Junta de Castilla y León no está decepcionada por la decisión de Nuclenor de no solicitar la renovación del permiso de funcionamiento de Garoña --el plazo expira en julio de 2013-- y ha aclarado que ahora "la pelota está en el tejado" del ministro de Industria, José Manuel Soria, al que se ha dirigido esta misma mañana el consejero del ramo, Tomás Villanueva, para pedirle una reunión para conocer la situación concreta de este proyecto.
El portavoz ha recordado, en concreto, que el Ministerio de Industria denegó la solicitud de Nuclenor para prorrogar en dos meses la solicitud de renovación de la vida útil de Garoña y, tras admitir que la Junta desconoce los motivos por los que no se ha dado ese plazo, ha afirmado que si legalmente es posible el Gobierno de Castilla y León sería partidario de ese aplazamiento.
De Santiago-Juárez ha negado asimismo falta de fluidez en las comunicaciones con el Ministerio de Industria y ha aprovechado la ocasión para aclarar también que, a diferencia de lo que afirma Nuclenor en su comunicado de esta noche, ni el departamento de Hacienda ni el de Economía han recibido un escrito para conocer cómo quedará el marco fiscal en Castilla y León.
El portavoz ha reconocido que en las últimas horas ha habido "cierta confusión" tras el comunicado de Nuclenor cuando el propio ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, confirmó ayer en el Congreso que la empresa había solicitado a su departamento la renovación del permiso de explotación de la instalación atómica por un periodo no superior a seis años, es decir, hasta el año 2019.
"Él sabrá por qué lo dijo", ha respondido el portavoz a preguntas de los medios de comunicación al respecto, si bien ha considerado que si José Manuel Soria se pronunció de esa manera en el Congreso fue porque sabía "a ciencia cierta" que la petición de renovación se iba a producir.
El portavoz ha asegurado comprender también la decisión de la empresa que "quiere saber bien en qué terreno de juego puede jugar" ya que para prorrogar la vida útil de Garoña durante seis años debe invertir 120 millones de euros y para ello debe cuadrar sus cuentas puesto que las empresas "no son una ONG".
