Durante los últimos días media España ha asistido atónita a las protestas protagonizadas por los mineros para forzar al Gobierno de España a mantener las ingentes cantidades de dinero que se ha estado dando a este sector.
Es verdad que mucha gente ha seguido las movilizaciones entre un sentimiento de comprensión o de abierto apoyo a las reclamaciones, pero creo que el sentir mayoritario ha sido el de apoyo a la decisión del ministro de Industria, José Manuel Soria, cuyos argumentos, aunque escasos, han sido contundentes.
En plena época de recortes, muchos nos preguntamos si a las empresas mineras, auténticas instigadoras en la sombra de las movilizaciones, no les parece suficiente disponer de más de 100 millones de euros en ayudas.
En realidad son casi 200 si sumamos los 75 millones de euros que el gobierno socialista dejó de pagar el pasado año -y que habrá que abonar este ejercicio- en otro célebre "sinpa" de Rodríguez Zapatero.
El sector de la minería se ha acostumbrado a sobrevivir con las ayudas públicas y lo preocupante es que no parece dispuestos a renunciar a ellas. La última ofensiva de las empresas mineras y de las comunidades donde se desarrolla esta actividad -Asturias, Castilla y León y Aragón- antes de que sobreviniese el recorte pretendía que el sector no tuviese que devolver las ayudas que recibirán las compañías del carbón hasta 2018, fecha tope dada por la UE para mantener las subvenciones, si han conseguido ser rentables para entonces. En definitiva, otra prórroga para seguir subsidiados.
Desde 1990 las ayudas que se han dado para la reestructuración, lejos de haberse reducido, se han mantenido en torno a los 4.500 millones cada cuatro años. Eso a pesar de que en estos 20 años el empleo en el sector se ha reducido en 40.000 personas hasta las apenas 4.000 personas que trabajan ahora en las minas. ¿Qué se ha hecho desde entonces para hacer competitivo el sector del carbón?
Eso lo deberían haber explicado los empresarios antes de empezar a manipular a los mineros sin ni siquiera dar la cara.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y León
