La admisión de la querella contra el Consejo de administración de Bankia ha caído como una losa en los dirigentes de las cajas de Castilla y León. No porque dos de los imputados sean de esta comunidad, los presidentes de Caja Segovia y Caja Ávila, Atilano Soto y Agustín González, sino porque los juzgados de la región tienen también que pronunciarse sobre denuncias similares contra los que dirigieron Caja España o Caja Duero. Ya se sabe: ¡Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar!
Las dos entidades se han salvado de la ruina gracias a su absorción por parte de Unicaja, pero quienes pensaban que eso iba a suponer una especie de ley de punto final pueden llevarse un fiasco de los de aúpa.
La realidad es que las cajas se han utilizado como cortijos particulares de partidos políticos y sindicatos. No es que se hayan hecho inversiones a todas luces ruinosas, sino que la sensación que tiene el personal es que los abusos han sido palmarios, casi rayando la obscenidad.
Cómo se explican si no los créditos millonarios al que fue presidente de Caja España, el constructor Santos Llamas. Cómo pueden entender los ciudadanos y los pequeños empresarios que a otro constructor, el soriano Francisco Rubio, se le renegociasen los créditos sin rubor alguno por ser vicepresidente de Caja Duero, mientras familias y empresas pierden sus casas y negocios por no poder afrontar sus deudas con esas entidades. Era el precio que las distintas facciones políticas por controlar el Consejo (polarizadas, cómo no, en PP y PSOE) tenían que pagar para mangonear en las Cajas. Como el dinero no era suyo, no había mayores problemas.
Cuántos créditos se han dado a los ayuntamientos para proyectos faraónicos pese a que era evidente que no tenían capacidad de devolverlos. Cuánta financiación han obtenido los partidos de las cajas que manejaban a su antojo. No se puede pasar página como si tal cosa, pese a que algunos de los responsables sigan sentados en los consejos como si nada hubiera pasado. Llega el tiempo de que algunos cosechen lo que han sembrado.
RAFAEL DANIEL
Delegado de El Economista en Castilla y León
