Ha llegado la hora del emprendedor. Tanto el Gobierno de España como la Comunidad de Castilla y León han iniciado la estrategia a favor de la empresa y del empresario. En unos meses el equipo de Rajoy aprobará una ley para los emprendedores, mientras que el equipo de Herrera lleva tiempo elaborando lo que quiere ser la Ley de estímulo para la creación de empresas.
Los datos evidencian que el tejido empresarial en España está bajo mínimos. En el cuarto trimestre de 2011 y el primero de 2012 la tasa de entrada bruta de sociedades en Castilla y León, como era de esperar por los datos anteriores, se sitúa por debajo de la media nacional con un valor de los más bajos de los últimos tiempos. El dato de cierre de negocios es aún más alarmante. El comportamiento provincial en esta Comunidad sigue siendo totalmente heterogéneo y caótico. Las variaciones son importantes pues van desde los doce puntos que pierde la provincia de Ávila, hasta el punto que gana León. En resumen, cuatro provincias se mantienen por encima de la media regional, tres la igualan y dos, Ávila y Segovia, se encuentran bastante por debajo. En definitiva el comportamiento de las provincias castellano y leonesas poco tiene que ver con los ciclos, y sus resultados son absolutamente erráticos. Entre otras cuestiones nunca resueltas, ni parece que con intención de resolver satisfactoriamente.
La estrategia regional, que deberá esperar a esa legislación nacional, aporta grandes principios con los que nadie puede estar en contra: el emprendedor crea riqueza y empleo, dinamiza la sociedad, despierta ilusiones y expectativas, fomenta la capacidad de soñar con el futuro, y genera sobre su entorno una visión de la vida en la que predominan los restos y desafíos personales.
Después de muchos años de costosa burocracia administrativa (estatal, regional y local), los mismos que crearon estructuras incomprensibles y a la vista de los resultados ciertamente ineficaces, ahora movidos por la necesidad, aún sin entonar el mea culpa, quieren girar bruscamente para facilitar una creación de empresas y negocios que no depende de un artículo en una ley con un título más o menos estimulante. Aún con ello el recién aprobado RDL 10/2012 de liberalización en materia de licencias para comercios minoristas debe ser bienvenido y tomado como un impulso hacia ese objetivo, pero no es, en estos momentos, el principal escollo del denominado emprendimiento.
En esta crisis, por lo ya visto poco está pudiendo hacer el legislador para que ese emprendedor tenga lo esencial para emprender: crédito. Y con el crédito llega inseparablemente la confianza. De no imponerse, bajo el poder de la "autoritas", medidas financieras para los empresarios (nada dice sobre esto el articulado de las normas en elaboración), cualquier norma por bien intencionada que sea quedará vacía de contenido. Se podrá abrir un negocio en un día, pero la cuestión y más en una Castilla nada fenicia es saber si no tendrá que cerrarlo al día siguiente. Elegimos vivir en un sistema capitalista donde lo que hoy falta es el capital.
La normativa autonómica tampoco resuelve uno de los grandes problemas ya no sólo del emprendimiento sino del concepto propio de empresa, cuál es la elección de dónde instalarse -cuando no de la fuga de las existentes-. La excesiva fuerza centrípeta del legislador autonómico desconoce la también fuerza centrífuga del sector privado hacia otras comunidades limítrofes, con normas menos rígidas, más flexibles y sobre todo más beneficiosas para el emprendedor. Una realidad que debiera tomarse en serio si Castilla y León no quiere seguir perdiendo talento empresarial (mayor aún en las provincias sureñas limítrofes con la capital de España).
La anunciada (por el Gobierno) e imprescindible regulación de la unidad de mercado deben contribuir a generar en el sector empresarial esas expectativas que hoy por hoy se encuentran en un largo letargo - como Blancanieves en espera de su príncipe-, y de paso poner a cada uno en su sitio. A la vez, esa llamada a la unidad de mercado pone de manifiesto el fracaso del modelo autonómico en la parcela del tráfico comercial y mercantil, o lo que es lo mismo, el intercambio de bienes y servicios.
Las normas se hacen para regular, no para frenar. Además las normas deben servir aún más para animar, ilusionar y provocar confianza. Ello no es fácil, por eso ese espíritu emprendedor que desde lo público se reclama y ampara para lo privado debe también tener su viceversa en el propio legislador que debe arriesgar en la ciencia de su trabajo, de las normas que dicta y elabora. Como decía Pío Baroja, dejemos las conclusiones para los imbéciles.
Francisco Isaac Pérez de Pablo, secretario general de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila.
