La minería del carbón se juega el ser o no ser. El Ministerio de Industria ha reducido este año un 63 por ciento las ayudas que recibe este estor para sobrevivir, lo que amenaza con precipitar el cierre de las explotaciones no viables, fijado por la Unión Europea para el año 2018.
En las cuencas mineras se vive durante estos días una movilización general para salvar el sector. Paros, manifestaciones y encierros en la mina se multiplican desde la pasada semana para "convencer" al Gobierno de que dé marcha atrás. De lo contrario, la mayoría de las minas tendrán que cerrar y se dejará a muchas zonas de España que viven de la extracción de este mineral sin alternativa económica con la que sobrevivir.
Carbunión, la patronal del sector, asegura que de mantenerse el recorte, las consecuencias económicas y sociales para las comarcas mineras serán irreparables. No sólo para ellas, sino también para la economía del país. En total, cuantifican que el empleo en peligro por un cierre sectorial afectaría a 13.400 personas (3.963 de plantilla propia, 1.920 de las subcontratas, 4.800 de empresas auxiliares y otros 2.750 de posibles afectados de empresas suministradores).
Según las empresas mineras, el cierre de las minas de carbón tendría un coste de 6.200 millones de euros los próximos dos años. De ellos, 312 serían por el pago de prejubilaciones, bajas incentivadas y el pago del subsidio de desempleo; 1.039 corresponderían a los costes de la clausura y las inversiones in amortizar (465), que reclamarían al Estado, y finalmente cuantifican en 4.500 millones el gasto para adaptar las centrales a la quema de carbón importado.
El Plan del Carbón fijaba para este año ayudas de 301 millones de euros, aunque finalmente los presupuestos recogen una partida de 186 millones. De esta cifra, sin embargo, hay que minorar 75 millones, cantidad que correspondía al ejercicio pasado pero que el Ministerio descuenta al haberla abonado este ejercicio.
Desde Carbunión se reconoce que el sector está dispuesto a aceptar recortes, pero no a asumir una disminución que es el doble del que tiene que sufrirá el Ministerio, de un 34 por ciento.
La última sombra que se cierne sobre el sector ha provocado una inusitada unidad entre empresas del sector, sindicatos, partidos políticos y gobiernos de las comunidades afectadas. Con ellas tendrá que litigar el Ministerio de Industria en la reunión que mantendrá la Mesa del Carbón este martes.
El departamento que dirige José Manuel Soria ha cedido finalmente a las presiones de gobiernos autonómicos y a las movilizaciones sindicales y sociales para volver a convocar la Mesa del Carbón, aunque el ministro de Industria ha sido claro al afirmar que "las partidas que hay son las que están en los presupuestos".
De recuperarse esos 75 millones de euros correspondientes al pasado año, los recortes serían de un 30 por ciento, asumible para las empresas si se complementase con remanentes que el secretario de Estado dijo en el Congreso que existían y que ahora descarta.
En las comunidades mineras, la decisión del Ministerio preocupa. Castilla y León, una de las dos regiones españolas en las que la actividad minera tiene más importancia, se ha mostrado especialmente combativa contra los planes del Gobierno. El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llegó a advertir a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que su región no aceptaría poner en peligro la actividad minera, focalizada en las provincias de León y Palencia y con 2.700 empleos directos.
El consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha llevado a cabo una intensa labor de mediación ante el Ministerio durante los últimos días. La última propuesta de Villanueva ha sido de mínimos: asegurar al menos líneas de financiación para este año y que las empresas no se van abocadas al cierre.
La postura del ejecutivo de Castilla y León es asegurar "líneas de financiación" con cargo a futuras ayudas, lo que esquivaría los problemas de liquidez que tiene el Ministerio.
La decisión del Ministerio ha causado aún más perplejidad si se tiene en cuenta que España había logrado convencer a Europa de que alargase de 2014 a 2018 el fin de las ayudas que recibe la minería. En esa fecha deberán cerrar aquellas explotaciones que no sean viables. El aplazamiento de poco servirá si se mantiene la postura ministerial, que abocaría al deficitario sector del carbón a una "muerte súbita".
El abrupto final de la reunión de la Mesa del Carbón del pasado día 17 desató las alarmas en el sector. Lo que parecía que iba a ser una negociación se convirtió en realidad en seis horas de desencuentros y ninguna solución. Los sindicatos entendieron que la falta de respuestas del secretario de Estado de Energía y Minas, Fernando Martí, enrocado en mantener los recortes, era en realidad un "plan de cierre oculto". Las palabras fueron elevándose de tono y el responsable ministerial levantó la sesión, según algunas fuentes, después de que algún sindicalista mentase a su madre. Algún asistente al encuentro negó, sin embargo, que en algún momento se hubiesen proferido insultos hacia Martí, que salió dando un portazo del encuentro. Desde entonces, en las zonas mineras sube la tensión y los paros, encierros y cortes de carretera se suceden.
