La Consejería de Sanidad de Castilla y León ahorrará este año un total de 168 millones de euros de los 366 millones anunciados por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para el conjunto de la región con la puesta en marcha de una serie de medidas como la renegociación de los contratos de prestación de servicios en limpieza, mantenimiento y seguridad, con una reducción de costes del 10 por ciento, o la rebaja "sustancial" de los conciertos con los centros privados
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en una comparecencia a petición propia en las Cortes para explicar las medidas de ajuste en materia de Sanidad entre las que ha destacado la reordenación de las estructuras administrativas con criterios de eficiencia y de calidad para lo que se procederá a la liquidación de la Fundación para la Calidad y la Acreditación Sanitaria, funciones que se asumirán con recursos propios.
Además, se reducirá la estructura de los servicios centrales de la Consejería con una disminución del 20 por ciento de las unidades con rango de servicio; se integrará en un solo organismo la Gerencia de Salud de área y los servicios territoriales de sanidad, y se integrarán progresivamente las gerencias de atención primaria y especializada como se hace ya en Soria y en Valladolid Oeste.
En materia de recursos humanos, Sáez Aguado ha propuesto una reordenación territorial de los recursos en atención primaria con tres criterios, mantener el número de profesionales, "el más elevado de toda España", según ha recordado; equilibrar las cargas asistenciales entre las distintas zonas básicas de salud y mantener los "elevados" niveles de atención en los centros de salud y en los consultorios locales.
El consejero propondrá también a los sindicatos un plan de ordenación que permita facilitar las jubilaciones de los profesionales a partir de los 65 años y,
Reordenación de los servicios de urgencia en Atención Primaria, integrar los recursos de los centros de emergencia con los centros de guardia en atención primaria y agrupación de los puntos de urgencia en los ámbitos urbanos y periurbanos son otras de las medidas anunciadas por el consejero que ha reconocido que el aumento de la jornada laboral para los profesionales de la Sanidad permitirá eliminar los gastos en peonadas y reducir en un 15 por ciento las necesidades de sustituciones.
En conjunto, Sáez Aguado ha cifrado el ahorro de las medidas en el capítulo I de 81 millones de euros en un año completo, 45 millones en 2012.
Por su parte, el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha cifrado en algo más de 7,5 millones de euros la previsión de ahorro para este año por las medidas de ajuste para la educación no universitaria que equivaldrán a entre 400 y 600 profesores interinos y cuyos efectos "se minimizarán con el establecimiento de modelos organizativos adecuados". "Me parecen muchísimo y me producen dolor", ha reconocido el consejero que, no obstante, ha rechazado las cifras de la oposición sobre miles de puestos de trabajo perdidos en Educación.
Ésta es la principal conclusión de la comparecencia a petición propia del consejero de Educación en las Cortes donde ha detallado una serie de medidas "difíciles y dolorosas" para la racionalización del gasto en el ámbito público, unas actuaciones "necesarias y obligadas por la coyuntura" cuyo norte es la mejor formación para los niños y los jóvenes.
En concreto, Juan José Mateos se ha comprometido a mantener el ratio de alumnos por aula (25 para Primaria y 30 para Secundaria) desde la premisa de que se podrá autorizar un incremento de hasta un 10 por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía.
El consejero se ha comprometido también a ser estricto en la aplicación de la ratio por grupos en todas las etapas, para lo que la Consejería será más rigurosa en la conformación de los grupos y realizará los desdobles de los grupos en función de criterios "muy específicos y debidamente justificados".
Para Educación Infantil y Primaria, la Consejería ajustará las ratios de los centros incompletos y localidades de CRA, "sin que desaparezca ningún centro rural", y acometerá la reducción progresiva de los grupos de ESO que permanezcan en los Centros de Educación Infantil y Primaria del ámbito rural, "comenzando por aquellos que tengan una ratio inferior a 10 alumnos por grupo".
Para la enseñanza Secundaria, en los programas de diversificación se aplicará de manera estricta la ratio mínima de 6 alumnos en la zona rural y 8 en la urbana establecida ya en el presente curso mientras que para las optativas en ESO y Bachillerato no de modalidad se establecerá un límite mínimo de alumnos para impartirlas, que se sitúa en 10 alumnos en el ámbito urbano y 8 en el rural.
En el caso de la Formación Profesional, Mateos ha anunciado la suspensión de la puesta en marcha de ciclos formativos que tengan una ratio de alumnos por grupo inferior a 10 alumnos en el primer curso de modo que el cupo de estos ciclos quedará condicionado a su eventual puesta en marcha si se sobrepasa esa ratio, "a no ser que existan características singulares".
