El Consejo de Ribera de Duero ha roto su silencio para defenderse de las acusaciones de mala gestión y de gasto excesivo, argumento utilizado por los cinco vocales de las bodegas para presentar su dimisión.
En este sentido, el Pleno del Consejo, que garantiza la gobernabilidad de este órgano con los 8 vocales que se mantienen en su puesto, aclaró que durante los últimos años el cierre del ejercicio ha sido positivo, lo que demuestra "la buena gestión y el exhaustivo control del gasto".
El Consejo reconoció no obstante que es verdad que en los presupuestos de este año se parte de un balance "teórico" negativo entre ingresos y gastos, que se cubre con un remanente de tesorería porque se consignan a la baja las ventas de contraetiquetas. Ésta ha sido una práctica habitual desde 1996, aunque "en ninguno de los años transcurridos los gastos corrientes han superado a los ingresos".
De esta manera, en el presupuesto de 2012 se han previsto unos ingresos de 5,35 millones de euros al haberse minorado la venta de contraetiquetas hasta los 67,5 millones de euros, aunque a tenor de la tendencia de las ventas de 2010 y 2011, de 73 millones de contraetiquetas, se podrían haber previsto unos ingresos de 5,6 millones de euros, lo que cubríría los 5,2 millones de gastos corrientes y los 325.000 euros de inversiones.
Es más, según el Consejo, de haberse consignado los ingresos por unas ventas de 73 millones de etiquetas, el remantente se incrementaría de 1,49 millones actuales a 1,54.
En este mismo sentido, el Consejo afirma que en el período 2007-2012, que total o parcialmente ha gestionado el Pleno actual, el Consejo Regulador ha financiado con los ahorros generados en su gestión, la parte del presupuesto que le correspondía en la ejecución de las obras de la nueva Sede, así como parte de su mobiliario y equipación, manteniendo un remanente de tesorería a final del ejercicio 2012, superior al anterior a su gobierno.
A la vez recuerdan que las cuentas del Consejo se someten a dos auditorías contables internas en cada ejercicio, efectuadas por una asesoría contable
externa.
Además, afirman que el Consejo Regulador está sujeto a la tutela del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, debiendo someterse a una auditoría anual realizada por una
auditora externa, vinculada a la aportación económica recibida del propio Instituto, así como de Cuentas Anuales y de Gestión y Funcionamiento, superando todas las auditorías de este tipo realizadas anualmente.
"Cabe pues concluir en este sentido, que desde el punto de vista financiero, la situación del Consejo Regulador está perfectamente saneada y auditada".
