La Junta incrementó en 341 millones la deuda de sus empresas públicas entre enero de 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha elevado el nivel de endeudamiento total de la comunidad en un 10,7%.
Según la firma internacional de auditoría y consultoría Russell Bedford, muchas autonomías crean sociedades mercantiles para no superar sus límites de déficit.
En el caso castellano y leonés, el 7,8% de su deuda total, que se sitúa en 5.090 millones de euros, se concentra en su sector público empresarial. El endeudamiento de sus empresas se ha elevado durante la crisis en 341 millones de euros, un 631,5% más, al pasar de los 54 millones en enero de 2008 a los 395 millones del tercer trimestre de 2011.
De este modo, Castilla y León es la comunidad en la que más se ha incrementado la deuda de sus empresas públicas (+631,5%), por delante de Extremadura (+500%), Andalucía (+317,5%) y Aragón (+114%). Otras cuatro autonomías registraron un crecimiento de la deuda por encima de la media española, como son Asturias (+91,8%), Cantabria (+84,2%), Madrid (+77,6%) y Cataluña (+69,7%).
En otras comunidades ese repunte fue menor: es el caso de Baleares (+25,6%), Navarra (+25,3%), Comunidad Valenciana (+15,6%), Canarias (+5%) y País Vasco (+3,9%). Solo tres comunidades redujeron la deuda de sus empresas: La Rioja (-94,1%), Castilla-La Mancha (-43,6%) y Galicia (-3,4%). La Región de Murcia es la única que no acumula deudas en sus entes empresariales.
En los últimos meses son numerosas las comunidades que revisan al alza sus niveles de déficit y, en gran medida, se debe al afloramiento de obligaciones en empresas creadas expresamente por las administraciones para acceder a un mayor endeudamiento.
Desde que comenzó la crisis a principios de 2008, el número de entes públicos castellanoleoneses no ha dejado de crecer, al pasar de 70 hasta los 91 actuales, con un espectacular incremento del 30%. El endeudamiento de la comunidad se incrementó en 3.196 millones de euros en ese periodo, de los que el 10,7% procedía de las empresas públicas.
Atendiendo al crecimiento del número de entes públicos por comunidades, Cataluña es la que lidera la clasificación, con un 71,5% más. Le siguen Canarias (+46,2%), Navarra (+41,2%), Andalucía (+40%), Madrid (+38,3%), Aragón (+38%), Asturias (+36,2%) y Castilla y León (+30%). Con incrementos más moderados, aunque significativos, se sitúan Cantabria (+24%), Comunidad Valenciana (+23,9%), La Rioja (+19,2%), Murcia (+10,6%) y País Vasco (+9,1%). En donde menos repunta es en Baleares (+2,4%), Extremadura (+4,7%) y Galicia (+7,7%). Los entes solo se reducen en Castilla-La Mancha (-3,3%).
En el conjunto de España, la deuda de las empresas públicas de las comunidades ha pasado de 10.108 millones de euros a 15.495 millones durante la crisis, un 53,3% más. Si a esa cantidad se le suma el endeudamiento de los ayuntamientos, la cifra asciende a 24.885 millones, un 67,2% más.
Russell Bedford España destaca que el pago de la deuda y sus intereses ha llevado a una situación complicada a muchas administraciones regionales y ha contribuido a que su déficit se haya disparado del 0,2% del PIB español al 3,5% entre 2007 y 2010.
Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea reestructurar y suprimir diferentes tipos de entes públicos. Entre sus objetivos se encuentra la simplificación del sector público empresarial y fundacional con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades. Russell Bedford recuerda que comunidades autónomas como Galicia, Valencia, Cataluña o Aragón ya han realizado auditorías a sus empresas públicas que han revelado un desfase en las cuentas.
Según el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, "la creación de sociedades públicas es una potestad perfectamente lícita que tiene la Administración Pública y que además puede reportarle importantes ventajas fiscales, en la contratación laboral, la financiación y la eficiencia económica y social. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que ha servido a otros fines nada relacionados con la operatividad funcional que debe tener todo servicio público, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público".
Es por ello que considera "necesario" que las empresas públicas se sometan a auditorías externas, sobre todo después de un cambio de gobierno, "para comprobar el verdadero estado de su tesorería y así permitir a autonomías y corporaciones locales diseñar y gestionar sus presupuestos con fiabilidad".