El último Consejo de Gobierno ha servido para aprobar el grueso del Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que permitirá ahorrar 136 millones de euros mediante un compendio de medidas que afectan a toda la Administración de la Junta de Castilla y León. Este documento tiene como precedentes otras medidas de contención del gasto aprobadas en julio, el Código de Austeridad de los Altos Cargos, la reestructuración del Gobierno o la reducción del número de miembros del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.
Entre las iniciativas que incluye el plan, figura la ya acordada reducción del 30% del número de liberados sindicales y la congelación de la oferta de empleo público, excepto en los servicios públicos esenciales.
En el área de personal se opta por no rebajar las retribuciones, que en 2012 serán las mismas que en 2011. Al tiempo, se propone aumentar la jornada laboral de los empleados públicos en 30 minutos diarios -hasta volver a las 37,5 horas semanales-, y flexibilizar los horarios de entrada y salida, medidas que deberán ser ratificadas en las correspondientes mesas de negociación de la Función Pública, convocadas para este viernes. El documento también contempla la intensificación del control del absentismo laboral, amén de una nueva regulación de la complementación económica de la prestación por incapacidad.
En materia de subvenciones, se obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios y se establece la necesidad de que haya indicadores de resultados para asegurar su eficacia. Por otro lado, las ayudas que sirvan para la financiación global de entidades estarán sujetas a similares reducciones del gasto que las aplicadas al conjunto de la Administración.
Junto a esto, la norma recoge la reorganización del sector público de la comunidad, reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones; la aplicación de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas de la administración general a este tipo de entidades; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, y la potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios.
A esto hay que añadir la rebaja sustancial de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios públicos; la implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas; la gestión integral del patrimonio y los alquileres; la enajenación, arrendamiento o concesión de los inmuebles que estén en desuso, con el fin de obtener recursos; la venta de bienes muebles obsoletos o infrautilizados; la fusión de todos los centros de proceso de datos en uno; la extensión de la central de compras; la integración de los teléfonos de información en el servicio 012, y la unificación progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
