Junto a la prórroga de los presupuestos, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, conocida como Ley de Techo de Gast, uno de los compromisos que asumió el 23 de junio, durante el debate previo a su investidura por el que se reafirma la apuesta de la Junta por la estabilidad presupuestaria a la que le obligan la UE y la propia Constitución.
En la práctica, supone que el Gobierno autonómico se impone un techo máximo de gasto no financiero anual, que se calculará teniendo en cuenta la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de inflación de Castilla y León. Es decir, se limita la actividad pública a lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en periodos de declive no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado.
Paralelamente, si en épocas de bonanza se genera superávit éste irá a parar a un Fondo de Reserva dirigido a amortizar deuda, con el fin de reducir progresivamente su cuantía. Con ello se persigue que la comunidad mejore su ya aventajada posición en términos de endeudamiento, puesto que en la actualidad es la cuarta autonomía más saneada del país, con una ratio del 8,8% respecto al PIB frente a la media del 12,6%.
La futura ley será de aplicación a todos los entes del sector público, que a partir de su entrada en vigor deberán presentar y liquidar sus cuentas en equilibrio o superávit. Si excepcionalmente incurren en déficit, estarán obligados a elaborar un Plan Económico Financiero de Reequilibrio donde se detallen las medidas correctoras que prevén aplicar. Y, en todo caso, serán corresponsables de las consecuencias que se deriven del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.