Las Cortes de Castilla y León han retomado la idea de establecer un tributo medioambiental a las compañías eléctricas por los daño sobre la naturaleza.
El gravemen afectaría a los aprovechamientos hidráulicos y el transporte de electricidad de alta tensión por parte de las compañías que operan en esta Comunidad.
A propuesta del Grupo Socialista, la Comisión de Hacienda ha aprobado por asentimiento una proposición no de ley en la que se pide a la Junta de Castilla y León que retome el borrador de tributo que aprobó en marzo pasado el grupo de trabajo creado para estudiar la viabilidad práctica del impuesto de carácter medioambiental.
Los portavoces en esta Comisión del PSOE, José Francisco Martín, y del PP, Jesús Encabo, han enterrado las discrepancias que habían surgido entre ambos grupos precisamente por la presentación de esta proposición no de ley, al considerar los populares que los socialistas habían quebrado el espíritu de consenso en torno a esta nueva normativa tributaria.
"En absoluto hemos hecho esta propuesta con ánimo de ruptura de un acuerdo, todo lo contrario", ha avisado en su primera intervención el portavoz socialista, quien ha recordado que el trabajo realizado por los grupos parlamentarios y la propia Consejería de Hacienda fue bueno y dio frutos en forma de "borrador de impuesto".
En palabras de Martín, "si el tributo era necesario en el momento en el que se cerró el acuerdo, en marzo, en el momento actual es todavía más urgente y necesario", dadas las circunstancias de crisis económica.
Sin embargo, Encabo ha incidido en las condiciones que el propio grupo de trabajo impuso al establecimiento del tributo, especialmente la relacionada con la posibilidad de que las compañías eléctricas repercutan el sobrecoste en la factura de los consumidores.
Por esta razón, el popular ha remitido a la próxima modificación de la normativa vinculada al consumo de la energía eléctrica para acompasar la aprobación del nuevo tributo autonómico con la ley estatal y las intenciones de las compañías eléctricas acerca de la repercusión del tributo sobre la tarifa de los ciudadanos y las empresas.
Castilla y León es actualmente la única comunidad autónoma que carece de un impuesto propio, ya que el resto tienen establecido algún tributo autonómico, por lo que de concretarse esta iniciativa se estrenaría el casillero impositivo castellanoleonés.