El Tribunal Constitucional ha ratificado la suspensión de la Ley de Castilla y León que contemplaba la declaración como proyecto regional Meseta-Ski, en la provincia de Valladolid.
El TC da la razón así al Estado, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración, por supuesto incumplimiento del artículo 50 de la Ley de Montes, que establece un lapso de tiempo mínimo cifrado en 30 años para proceder al cambio de uso de los terrenos forestales afectados por un incendio. Según el abogado del Estado, la construcción se halla en abierta contradicción con los propósitos de regeneración del monte, puesto que impide que éste pueda llegar a alcanzar el potencial forestal arbolado que poseía antes del incendio que la zona sufrió en 1999?.
El Constitucional mantiene por tanto la suspensión inicial de la ley impugnada, después de haber valorado las alegaciones de las dos partes implicadas en los tiempos preceptivos, y concluye que con dicha suspensión no se lesionan intereses públicos o privados de carácter patrimonial de tal magnitud que suponga afectar a un sector económico de manera directa e inmediata con posibles perjuicios económicos de muy difícil reparación".
La otra cara de la batalla judicial de Meseta Sky la representa la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que revoca el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, por el cual se obligaba al Ayuntamiento de Tordesillas y a la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva) a derribar las obras realizadas en el suelo donde se concedió el uso excepcional en suelo rústico par ala ejecución de parte del proyecto.
La Sala rechaza el derribo de las obras hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley regional que protege el proyecto.
El proyecto Meseta Ski supone la construcción de una pista de esquí seco en una de las laderas del Cerro de San Juan, en el municipio de Tordesillas (Valladolid), sobre unos terrenos que sufrieron un incendio en 1999. La propuesta de recurso, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, ha sido elaborada con los informes de los ministerios de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, Política Territorial y Administración Pública.
