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Escuelas Católicas niega financiación ilegal de sus centros concertados en la Comunidad Valenciana

Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV) ha rechazado las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de sus centros concertados y ha recalcado que "los colegios reciben los fondos aprobados por la Ley de Presupuesto autonómica, a partir de módulos, y sujetos a la intervención delegada de Hacienda".

El colectivo ha realizado estas manifestaciones en un comunicado después de que ayer testificaran varios exresponsables de la Conselleria de Educación -dos ex secretarios autonómicos de Educación, otros dos ex directores generales y un exsubdirector- que afirmaron ante el juez encargado de investigar presuntas irregularidades en el pago a colegios concertados de la Comunitat que desconocían que se efectuasen ingresos de más a estos centros o que se hicieran abonos a liberados de la patronal.

Al respecto, ESCACV subraya que "desde hace más de 15 años, la federación ha contado con 5 profesores de sus centros dedicados en exclusiva al asesoramiento educativo y la formación para los 290 centros que representa, ofreciendo cobertura a más de 14.500 profesores que trabajan en los colegios de Escuelas Católicas".

Esta figura de "colaborador de formación", apuntan, "proviene del acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) de 1989 y la Addenda firmada en 1996, acuerdos que fueron trasladados a las respectivas comunidades autónomas con el traspaso de competencias en el curso 2000-2001 y que están vigentes en otras comunidades autónomas como Andalucía o Castilla-León".

Escuelas Católicas Comunidad Valenciana recuerda que es actualmente la asociación mayoritaria de la enseñanza concertada. En la Comunitat, representa a cerca de un 30% de la enseñanza obligatoria agrupa a 293 centros, con 160.000 alumnos y más de 14.000 profesores.

El juzgado encargado de este procedimiento investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La causa parte de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes, ya que trabajarían como liberados sindicales para las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).

El fiscal, tras estudiar esta denuncia y diferente documentación recabada -parte de ellas a las propias patronales de enseñanza- observó presuntas irregularidades en la actuación con estos liberados, así como en otras vertientes más, con lo que denunció los hechos en el juzgado. El ministerio público también observó supuestos pagos excesivos por concierto entre los años 2008 y 2014, y la existencia de algunos docentes mayores de 65 años que, presuntamente, habrían estado cobrado sin ejercer ningún tipo de actividad docente.

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