Durante los días previos a su intervención y su posterior venta al Santander, Banco Popular sufrió una fuerte fuga de depósitos. Una situación que, como han reconocido las autoridades comunitarias, precipitó el desenlace de la entidad.
El miedo a la quiebra del banco que en su día llegó a ser el más eficiente de Europa, invadió incluso a aquellos clientes cuyos depósitos no superan los 100.000 euros y que, por tanto, se encontraban respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Un temor que, en vista del desenlace de los acontecimientos, resultaba infundado, ya que en este proceso que sirvió de debut para el recién estrenado mecanismo de resolución de las autoridades bancarias europeas, ningún depositante vio menguar la cuantía de sus cuentas en el banco.
Sin embargo, el blindaje de los depositantes ha encontrado una importante fuga: el elevado número de acciones que estaban en manos de clientes de la entidad, que han visto cómo lo que mantenían por el lado de los depósitos lo perdían por la vía de sus títulos. No en vano, según detallan fuentes próximas a la entidad, a cierre del pasado mes de noviembre, el 7,5% de sus clientes eran también accionistas. Todos ellos, al igual que los propietarios de deuda subordinada convertible contigente -CoCos- o deuda junior han visto cómo el valor de su inversión se evaporaba hasta llegar a cero.
El porcentaje de clientes de Popular que, además, participaban en su capital es el segundo más elevado del sector en España. De hecho, este es solo superado por el 12,5% de, precisamente, el banco que lo ha comprado: Santander. En el caso de la entidad presidida por Ana Botín, este elevado porcentaje tiene su explicación en la Cuenta 123. Esta, además, de la remuneración y de la bonificación de recibos habituales, incluye la entrega de una acción de la entidad como bienvenida.
Crédito para la ampliación
Uno de los frentes abiertos de cara a los próximos meses era la gestión de las demandas que se están preparando por la gestión de su última ampliación de capital, que anunció en mayo del año pasado. En concreto, los despachos estadounidenses Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC; Rosen Law Firm y Lundin Law anunciaron que emprenderían acciones legales contra la entidad, al entender que las valoraciones no eran correctas después de saberse que Popular no reformularía, sino "corregiría", sus cuentas.
En aquella operación, la entidad logró levantar 2.500 millones de euros -una cifra que casi duplica los 1.330 millones de euros de valor en bolsa con los que cerró su última sesión en el parqué, el martes-, tras acabar con una sobresuscripción del 35%. Muchos clientes demandaron que la entidad concedió créditos para, precisamente, acudir a la operación y que, en otros casos, la compra de nuevas acciones era condición necesaria para la simple renovación de crédito.
Una postura que denunciaba la firma de formación bursátil Black-bird en un informe de junio del año pasado. "Banco Popular ha accedido a facilitarnos un préstamo a un tipo del 2,5%, con una comisión de apertura del 0,3% para poder comprar acciones", resaltaban. De hecho, el rumor de que Popular estaba concediendo créditos con el fin de acudir a la ampliación de capital llevó en su día a la expresidente de la CNMV, Elvira Rodríguez, a declarar que el supervisor iba a "seguir y pedir información" a Banco Popular.
El accionariado cambia de piel
Según los datos de la propia entidad, la presencia del inversor minorista en su capital se elevó de manera notable a lo largo de un 2016 marcado por la macroampliación de capital.
Si a cierre del año 2015 los particulares contaban con una participación del 28,7%, al cierre de 2016 -el último dato publicado por Popular-, éste se disparaba hasta el 41,3%, convirtiéndose así en los mayores tenedores de acciones del banco ahora en manos de Santander. Y es que el inversor minorista cubrió el vacío dejado por los institucionales y por aquellos representados en el Consejo de Administración.
En general, estos no acudieron a la ampliación de mayo de 2016 en la parte que les correspondía y vieron recortada su participación sobre el total. Los primeros vieron disminuir su participación sobre el capital de Popular, desde el 47,2% al que cerarron 2015 al 37,8% al que lo hicieron el año pasado, mientras los representados en el Consejo de Administración hicieron lo propio del 24,1% al 21%.
