Bruselas aprueba la compra del Popular con la vista puesta en la estabilidad

Bruselas, 7 jun (EFE).- El mantenimiento de la estabilidad financiera en España y el conjunto de la Unión Europea (UE) ha guiado hoy la decisión comunitaria de permitir la venta del Banco Popular al Grupo Santander por un euro, adoptada en colaboración con las autoridades españolas.

"La Junta Única de Resolución (JUR) europea y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han decidido que la venta era de interés público porque protegía a todos los depositantes del Banco POPULAR (POP.MC)y garantizaba la estabilidad financiera", indicó en un comunicado la JUR.

Este organismo, creado en 2015 como una autoridad encargada de garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas públicas, adoptó este miércoles el primer esquema de resolución de su historia al permitir el traspaso del Popular al Santander.

La propia Comisión Europea (CE) autorizó la operación, en línea con las normas comunitarias de recuperación y resolución de entidades bancarias "acordadas en el marco de la unión bancaria tras la crisis".

En una rueda de prensa, la presidenta de la JUR, Elke König, recalcó que la venta también ha garantizado la continuidad de la actividad de la sexta mayor entidad española y evitado el gasto de dinero público para preservar la firma.

Argumentó como motivo para esa venta que el Popular es "un importante prestamista, en particular, para pymes", al tiempo que apuntó a la "severa falta de liquidez" de la entidad como principal razón para acelerar su transacción, acordada en la noche del martes al miércoles.

"Dada la falta de liquidez, el margen temporal era también muy corto.(...) Al final, Santander fue el elegido porque era la mejor opción para garantizar nuestros objetivos, en particular, la estabilidad financiera y asegurar que hoy las sucursales pudieran abrir con normalidad", subrayó König.

Preguntada por si otras entidades presentaron ofertas para adquirir el Popular, König afirmó que el proceso fue "competitivo".

Asimismo descartó comparar la situación del Popular y las dificultades del italiano Monte dei Paschi di Siena.

También aseguró que la JUR mantendrá un contacto cercano con las autoridades españolas y de Portugal, donde Banco Popular tiene implantación, si bien recalcó que las decisiones sobre el futuro de la recién adquirida institución bancaria corresponden a su nuevo propietario.

A última hora del martes, el Banco Central Europeo (BCE) determinó que el Banco Popular "estaba quebrando o en riesgo de quiebra", de acuerdo con el artículo 18 de la regulación del Mecanismo Único de Resolución.

El BCE tuvo en cuenta la escasa liquidez de la entidad y concluyó que "en el futuro cercano", la entidad española podría ser "incapaz de pagar sus deudas". Una vez adoptada, el BCE transmitió su decisión a la Junta Única de Resolución europea.

La JUR constató que el proceso de venta privada iniciado por Banco Popular no había logrado un "resultado positivo" y consciente también de la escasa liquidez, optó por iniciar el proceso de resolución.

La autoridad comunitaria se decantó entonces por emplear su instrumento de venta del negocio para permitir la compra del Popular por el Santander. Tras acordar el esquema de resolución en Bruselas, el JUR trasladó esa propuesta a la CE para que diera su visto bueno.

Lograda la aprobación del Ejecutivo comunitario, fue posible firmar el esquema de resolución y enviarlo a las autoridades nacionales, en este caso, el FROB, para que España se encargara de su implementación, precisó König, que subrayó también que la operación se hizo "antes de la apertura de los mercados".

Aunque la compra del 100 % del Popular por parte del Santander protegía a todos los depositantes, los actuales accionistas y tenedores de deuda perderán el 100 % de su inversión tras la operación.

El Banco Popular había perdido casi un 50 % de su valor en bolsa en pocas sesiones y acumulaba apenas 1.335 millones de euros en capitalización.

La operación cerrada hoy supone la primera resolución (intervención y liquidación) de una entidad financiera en Europa en la que no ha sido necesaria la aportación de capital público.